ASJ denuncia el fracaso del Estado de Excepción en la lucha contra la extorsión

REDACCIÓN. En un contexto de prolongado estado de excepción, un total de 304,388 hogares fueron víctimas de extorsión al cierre de 2024, una cifra que evidencia el fracaso de la estrategia gubernamental en combatir este flagelo.

La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) destacó que el mecanismo, que ha estado en vigor desde diciembre de 2022, no solo sigue en gran parte en la ilegalidad, sino que ha generado resultados contrarios a los esperados, pese a las constantes medidas adoptadas por el gobierno.

De acuerdo con el análisis presentado por ASJ, de los 18 decretos ejecutivos promovidos por el gobierno en Consejo de Secretarios, solo uno cumplió con los requisitos constitucionales para su aplicación, dejando el resto en un estado de ilegalidad.

Esto, según la organización, refleja una grave deficiencia en la ejecución de las políticas públicas relacionadas con la extorsión y la seguridad.

Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de ASJ, explicó que, aunque el gobierno ha implementado un estado de excepción para frenar el delito de extorsión, los resultados demuestran lo contrario.

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De acuerdo con los datos del decreto ejecutivo PCM 03-2025, publicado el 6 de enero de 2025, hasta la fecha se han realizado 43,010 allanamientos, 53,618 detenciones, 16,010 órdenes de captura, y se ha decomisado un importante número de vehículos (8,059) y motocicletas (45,033). Sin embargo, a pesar de estas acciones, la extorsión sigue golpeando duramente a las familias hondureñas.

DATOS

Las cifras de víctimas de extorsión durante los últimos tres años son alarmantes. En 2022, 226,262 hogares fueron víctimas de este crimen; en 2023, la cifra aumentó a 286,533, y en 2024 alcanzó los 304,388 hogares afectados.

A la par, las sentencias condenatorias por extorsión han disminuido drásticamente. En 2022 se emitieron 105 condenas, en 2023 solo 66, y en 2024, apenas 8. Esta caída en el número de condenas refleja una preocupante falta de respuesta judicial frente al delito de extorsión.

Otro dato relevante es que, durante el último año, ocho departamentos del país registraron un aumento en las tasas de victimización, con las mayores variaciones observadas en Intibucá, Choluteca y Atlántida. Esta expansión de la extorsión demuestra la ineficacia de las medidas adoptadas hasta ahora.

En cuanto al Plan Antiextorsión del gobierno, ASJ consultó con expertos que señalaron que solo cinco de las 30 acciones planteadas en dicho plan pueden considerarse cumplidas.

Esto revela una falta de coordinación efectiva entre las distintas instituciones del Estado que deben ser parte de la lucha contra la extorsión, como la Policía Nacional, el Ministerio Público, los jueces y el sector financiero. La sociedad civil también debe jugar un rol más activo en este esfuerzo.

De acuerdo con ASJ, el Plan Antiextorsión, que originalmente se concibió como una medida temporal, ha permanecido en vigor por más de dos años, perdiendo eficacia con el tiempo y volviéndose una herramienta casi permanente, lo que ha afectado su capacidad de generar resultados tangibles.

ANÁLISIS

Además, el análisis de ASJ subraya que las declaratorias de estado de excepción no cumplieron con el proceso constitucional establecido en varios casos, ya sea por falta de ratificación del decreto ejecutivo por parte del Congreso Nacional o por exceder el tiempo permitido sin ser publicado en La Gaceta. Como resultado, solo uno de los 18 estados de excepción decretados fue legal.

El impacto de este estado de excepción no solo ha sido negativo en términos de seguridad, sino que también ha afectado los derechos humanos. La suspensión de derechos fundamentales, como la inviolabilidad del domicilio y el debido proceso, ha dado lugar a abusos de las autoridades, como allanamientos sin orden judicial y detenciones arbitrarias.

Desde la implementación del estado de excepción, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) ha recibido 798 quejas por vulneraciones a los derechos humanos en el marco de estas medidas.

A raíz de estos resultados, ASJ instó al gobierno a replantear el Plan Antiextorsión, sugiriendo ajustes en su ejecución para generar resultados más efectivos y reducir el impacto negativo sobre la población hondureña.

También recomendó una estrategia integral y coordinada contra la extorsión que involucre a todas las instituciones del Estado, sin sacrificar las garantías constitucionales de los ciudadanos.

Finalmente, ASJ recomendó revisar la vigencia del estado de excepción, ya que su extensión, especialmente durante un año electoral, podría poner en riesgo la democracia y limitar libertades fundamentales como la libertad de expresión y la de reunión. La medida podría favorecer a ciertos sectores, afectando la pluralidad política y limitando la participación ciudadana.