Congreso Nacional discutirá este martes el dictamen del Presupuesto 2025

TEGUCIGALPA. El vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, informó este lunes que el dictamen del Presupuesto General de la República para el año 2025 ya está listo para su discusión en el Legislativo.

La discusión del proyecto se llevará a cabo mañana, en una sesión clave para definir las finanzas del país para el próximo año.

Pino señaló que la Comisión de Dictamen del Congreso Nacional ha completado su trabajo y entregado el proyecto de decreto correspondiente.

El dictamen establece las bases del presupuesto estatal para 2025, el cual es considerado fundamental para el desarrollo del país, ya que determina los recursos para la ejecución de políticas públicas y el funcionamiento de las instituciones gubernamentales.

El vicepresidente del Congreso manifestó que, a pesar de las diferencias políticas, se mantiene un optimismo moderado respecto a la aprobación del presupuesto.

Le puede interesar: Colapsa torre en templo católico de Gracias por fuertes lluvias

Aseguró que, aunque los partidos Nacional y Liberal han expresado su rechazo a la propuesta, se prevé que las fuerzas políticas restantes alcancen los 65 votos necesarios para aprobar el proyecto en la cámara.

Pino destacó que el Presupuesto General de la República es uno de los instrumentos más importantes para la planificación y ejecución de las políticas públicas, ya que permite la asignación de recursos para sectores clave como salud, educación, infraestructura y seguridad.

Además, subrayó que su aprobación es crucial para mantener la estabilidad económica y financiera del país en el año electoral.

El anteproyecto del presupuesto fue aprobado en el Consejo de Ministros el pasado 9 de septiembre.

Desde entonces, ha sido objeto de revisión y ajustes en el Congreso, donde se espera que, una vez discutido, sea sometido a votación en las siguientes sesiones.

En caso de que el presupuesto no sea aprobado antes del 31 de diciembre, el país tendría que operar bajo el presupuesto vigente de 2024, lo que podría limitar la capacidad de ejecución de nuevas políticas y proyectos gubernamentales.

Esto, a su vez, podría generar incertidumbre en las finanzas públicas y en la implementación de los planes de desarrollo del gobierno.