Deportan tres niños estadounidenses a Honduras
TEGUCIGALPA. Tres niños con nacionalidad estadounidense fueron deportados a Honduras junto a sus madres, caso que ha generado preocupación entre organizaciones migrantes en Estados Unidos, conforme lo ha dado a conocer defensores a las familias afectadas.
Según parece uno de los niños, de cuatro años, estaba en tratamiento por un cáncer metastásico.
Conforme a los informes de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y el Proyecto Nacional de Inmigración (NIP), las madres y sus hijos fueron detenidos en circunstancias que han sido calificadas como “cuestionables” por sus defensores legales.
Las capturas se habrían realizado cuando las mujeres asistían a citas programadas en Louisiana como parte del Programa de Comparecencia bajo Supervisión Intensiva (ISAP), diseñado para el monitoreo de inmigrantes sin estatus legal.
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Uno de los casos más recientes fue la deportación de una niña de dos años junto a su madre, a pesar de que la menor tiene ciudadanía estadounidense. El segundo caso fue el de otra mamá junto con sus dos hijas, una de siete y otra de cuatro años.
Erin Hebert, abogada de una de las familias, denunció que no se le permitió acompañar a su cliente durante la cita y que ICE se negó a informar sobre el paradero de la familia tras su detención. “Fueron deportados en menos de 24 horas, sin acceso a representación legal ni posibilidad de apelar la decisión”, indicó.
Documentos judiciales señalan que las mujeres tenían órdenes de deportación dictadas en su ausencia, luego de no presentarse a audiencias migratorias por razones no especificadas. Sin embargo, las defensoras legales sostienen que nunca se les ofreció una opción real sobre el destino de sus hijos, a pesar de que estos son ciudadanos estadounidenses y, en uno de los casos, pacientes en tratamiento médico.
El gobierno ha justificado la deportación explicando que las madres solicitaron llevarse a los niños consigo, señalando como prueba una nota manuscrita atribuida a una de ellas.
No obstante, Gracie Willis, abogada del NIP, asegura que dicha nota no constituye una declaración válida de consentimiento. “No hubo un proceso justo. La deportación de ciudadanos estadounidenses sin el debido proceso es ilegal e inconstitucional”, afirmó.
