Exmagistrados enfrentan proceso por prevaricato judicial en libertad

TEGUCIGALPA. El Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, informó ayer que los cinco exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) acusados del delito de prevaricato judicial, pueden enfrentar el proceso judicial en libertad, tras cumplir con las medidas cautelares impuestas por las autoridades.
Los exmagistrados señalados son Edwin Ortez Cruz, Jorge Alberto Zelaya, Reina Hércules, Lidia Álvarez y Jorge Serrano, quienes integraron la Sala Constitucional de la CSJ durante el período 2016-2023.
El Ministerio Público (MP), a través de las Fiscalías del Circuito Anticorrupción, presentó requerimientos en el marco de las conmemoraciones del Día Internacional contra la Corrupción, señalando a varios exfuncionarios de Gobierno, una congresista, exmagistrados, operadores de justicia, sindicalistas, miembros de la Policía Nacional y particulares, por presuntos actos que habrían causado perjuicio al Estado hondureño.

ACUSACIONES
En el caso de los cinco exmagistrados, se les acusa de prevaricato judicial, un delito que implica emitir resoluciones contrarias a la Ley o realizar actos ilegítimos en el ejercicio de sus funciones como operadores de justicia.
De acuerdo con el MP, las investigaciones señalan que durante su gestión en la Sala Constitucional, los exmagistrados habrían adoptado decisiones que beneficiaron a particulares y funcionarios, presuntamente violando principios legales establecidos, y favoreciendo intereses contrarios a los del Estado.

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SISTEMA JUDICIAL
El Juzgado informó que, aunque podrán defenderse en libertad, los acusados estarán sujetos a las medidas dictadas por el sistema judicial, como la prohibición de salir del país, el deber de presentarse periódicamente ante las autoridades, y la imposibilidad de interferir con el proceso o acercarse a los testigos y pruebas.
«El caso de los exmagistrados es parte de un esfuerzo más amplio de las instituciones hondureñas para combatir la corrupción; un problema que ha socavado la confianza en el sistema de justicia y en los operadores del Estado. La Fiscalía ha enfatizado que continuará investigando y llevando ante la justicia a quienes hayan incurrido en actos que comprometen la integridad del Estado», dijeron autoridades del ente acusador.
Por su parte, representantes de los acusados manifestaron que demostrarán su inocencia en el marco del proceso judicial, alegando que las decisiones adoptadas en su momento se realizaron conforme a la Ley.