Fiscalía pidió anular la concesión de puertos en el Canal otorgada a una empresa china
PANAMÁ. La Fiscalía solicitó a la Corte Suprema de Justicia anular por inconstitucional la concesión otorgada en 1997 a Panamá Ports Company (PPC), subsidiaria de la empresa china Hutchison Holdings, con sede en Hong Kong, para la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en los accesos del Canal de Panamá.
El fiscal jefe, Luis Carlos Gómez, presentó la solicitud en el marco de dos demandas en curso contra la concesión, argumentando que el contrato viola 15 artículos de la Constitución panameña. Según un documento al que tuvo acceso la agencia AFP, el acuerdo “indebidamente transfiere derechos privativos del Estado panameño, incidiendo en el interés social y el interés público”.
La petición de la fiscalía se da en un momento en que Panamá Ports Company está siendo auditada por la Contraloría General de la República, que investiga si la empresa cumplió con sus compromisos financieros con el Estado.
La fiscalía sostiene que el contrato otorgó a PPC beneficios que no correspondían según la ley, incluyendo exoneraciones fiscales indebidas y cláusulas que afectaron la libre competencia.
Además, critica la renovación automática de la concesión en 2021 por 25 años adicionales, asegurando que se realizó en “condiciones desventajosas para el interés público”.
Las demandas interpuestas buscan que la justicia panameña anule el contrato de concesión, ya que, según los demandantes, PPC no pagó los impuestos correspondientes y recibió beneficios que contravienen la Constitución.
El caso tomó relevancia internacional en medio de crecientes fricciones entre Estados Unidos y China, ya que el presidente estadounidense Donald Trump expresó su intención de “retomar” el control del Canal de Panamá, argumentando que la vía interoceánica está “bajo el control de Beijing”.
