Giran órdenes de captura contra ejecutores de Ciudad Jaraguá

SAN PEDRO SULA. La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) junto a la Fiscalía Especial del Medio Ambiente (FEMA), la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), ejecutaron varias órdenes de captura para empresarios y ex funcionario municipales por la construcción en la Zona de Reserva El Merendón del proyecto habitacional Ciudad Jaraguá.

Como se sabe, el Merendón es una importante reserva natural y área protegida por ser el hábitat de una inmensa diversidad de flora y fauna, además de la principal fuente de agua de los sampedranos, en tal sentido se acusó por una serie de delitos a varias personas.

Entre estas se encuentra César Octavio Elvir Prieto, representante legal y presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil MPG, S.A. de C.V.; Antonio José Oviedo Prieto, gerente general de la sociedad Inmobiliaria El Activo, S de R.L., a quienes se les supone responsables por el delito de corte ilegal de producto forestal, daños en su modalidad de agravados, urbanización ilegal en perjuicio del equilibrio de los ecosistemas, medio ambiente del Estado de Honduras y del orden territorial.

Asimismo, a José Luis Gutiérrez Hermosilla, representante legal de la empresa constructora Desarrollos Urbanos Gutiérrez, acusado del delito de urbanización ilegal, en perjuicio del orden territorial; Wilfredo Umanzor Sabillón, representante legal de la empresa Yesera Umanzor, comerciante individual por el delito de uso ilegal de explosivos comerciales en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras; Samuel Alexander Fajardo Escalante y Martín Ramón Galo Roldán, de la Unidad de Contaminantes y cuencas de la División Municipal Ambiental (DIMA), respectivamente.

Igualmente, Santos Turcios García, jefe de la Unidad de Licencias Auditorías y Seguimientos, y Fausto Daniel Bográn Cárcamo, director de la Unidad de Protección y Control Ambiental, por suponerlos responsables de los delitos de violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública.

Y por último Cristy María Raudales Barahona, gerente general de la División Municipal Ambiental de la Municipalidad sampedrana, por suponerla responsables de tres delitos de abuso de autoridad, en perjuicio de la administración pública.

De acuerdo con las investigaciones hechas por el Ministerio Público, este proyecto, ubicado entre Armenta y El Zapotal, inició con el corte y aprovechamiento de productos forestales y apertura de calles, lo que causó daños y perjuicios al medio ambiente principalmente a las fuentes de agua, flora y fauna de la zona de reserva.

El MP indicó que se logró comprobar que los funcionarios municipales mencionados, cooperaron desde sus cargos en la DIMA, autorizando permisos para corte y aprovechamiento de productos forestales y licencias ambientales sin observar las disposiciones administrativas.