Gobierno crea Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra 

Gobierno crea Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra 

TEGUCIGALPA. La presidente Xiomara Castro, junto al Consejo Nacional de Defensa Seguridad (CNDS), informó sobre la creación de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra.

Castro detalló que el sector agropecuario, aporta a la economía nacional el 12.9% del PIB (Producto Interno Bruto) y el 35% de las exportaciones del país corresponde al mismo.

La producción de este rubro se da mayormente en el sector rural, donde el 63% de la población vive en condición de pobreza.

“No podemos desconocer las condiciones precarias en que vive el sector rural y agrícola de nuestro país, especialmente las poblaciones que luchan a diario por llevar alimento a sus casas, en cambio otros sectores gozan de grandes privilegios, exoneraciones y jugosas utilidades, producto de injustos modelos económicos en la última década”, cuestionó la gobernante.

MORA JUDICIAL

Señaló que la Reforma Agraria es un asunto pendiente, porque han transcurrido más de 30 años desde la promulgación de la Ley para la Modernización y Desarrollo para el Sector Agrícola, bajo el Decreto Legislativo 31-92.

Aclaró que esto no permite al INA (Instituto Nacional Agrario) dar respuesta positiva a la demanda de tierra que presentan continuamente las mujeres campesinas, grupos campesinos, comunidades indígenas y pueblos originarios.

Destacó que el Decreto 18-2008, promulgado en 2008 logró disminuir la mora agraria conformada por las solicitudes de tierras presentadas ante el INA.

Desde el 2010 se tiene una mora agraria constituida por 1,100 solicitudes de tierra aproximadamente, de expropiación que en dicho Decreto fueron emitidas y resolvieron gran parte de la mora agraria.

Sin embargo, indicó que a la fecha existen 129 casos pendientes que beneficiarán a 4,000 manzanas de tierra y los respectivos títulos.

DECRETO EJECUTIVO

 “El CNDS ordena a la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra elaborar un Decreto Ejecutivo para ser discutido y aprobado en el Consejo de Ministros, conteniendo las acciones y estrategias ordenadas en esta resolución y elaborar proyectos de Ley para ser sometidos a discusión y aprobación del Congreso Nacional para dar respuesta a la problemática de la mora agraria y las demás resoluciones y reforma de Ley que correspondan a ese poder del Estado para el logro de la seguridad agraria y el acceso a la tierra”, explicó la mandataria.

El proyecto de Ley que será enviado al Congreso Nacional incluirá una sección que “castigue la ociosidad, fomente y proteja la función productiva de los bosques”.

También el artículo de la Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola, debe ser reformado.

INVESTIGACIONES

La presidente ordenó al Instituto de la Propiedad para que junto al INA procedan a realizar una investigación de las propiedades que tienen carácter legal en sus antecedentes registrales, pero que en su tramitación y adquisición tienen el carácter de ilegitimidad, concediendo prioridad a la revisión de tierras denunciadas por campesinos.

Además, solicitó a la Procuraduría General de la República, incoar las acciones judiciales ante los tribunales competentes en caso de que corresponda.

ESCALADA DE OCUPACIÓN DE TIERRA

“Considerando el período 2018 -2023 y a partir del mes de diciembre de 2021 se ha generado una escalada en la ocupación de tierras productivas, provocando inseguridad y anarquía en el acceso a la tierra e impactando negativamente en el desarrollo del agro, la economía nacional y la inversión”, destacó Castro

Apuntó que los departamentos de Colón y Atlántida, representan los principales polos de conflictividad en lo que se refiere a la ocupación de tierras por parte de organizaciones campesinas que reclaman derecho a la tierra y en otros casos sectores influenciados por el crimen organizado para crear anarquía en el país.

Especificó que se contabiliza un total de 36,451.17 manzanas de tierra tomadas por diversos grupos de personas.

Cuestionó que las operaciones han demostrado poca operatividad en la evacuación de denuncias, emisión y ejecución de órdenes judiciales de desalojo, como ejemplo en el período 2018-2022 de una muestra de 378 denuncias, solo el 6% han sido evacuadas.

En el caso de tomas de tierra de fincas de palma aceitera, a la fecha, de 56 fincas tomadas se han librado por los juzgados únicamente 22 órdenes de desalojo, de las cuales solo nueve se han ejecutado.

ÓRDENES DE DESALOJO

El Consejo de Defensa ordenó ejecutar las órdenes de desalojo de tierras, con prioridad las de actividades de palma aceitera, caña de azúcar, bananeras y cualquier agropecuaria productiva.

“El Estado procederá en forma planificada, pero con carácter de urgencia a ejecutar toda orden de desalojo dictada por el Poder Judicial, se concede prioridad de estas acciones a las tierras tomadas a las empresas del sector social, de la economía y de la Reforma Agraria, así como a las fincas privadas de palma aceitera, caña de azúcar, bananera y cualquier agropecuaria productiva”, ordenó Castro.

DELITO DE USURPACIÓN

Las tierras tomadas y que se encuentren en flagrancia permanente se les aplicará los artículos de la Ley de Fortalecimiento del Sector Productivo, de la palma aceitera, los artículos de Código Penal y del Código Procesal Penal.

“La Fiscalía, en forma expedita, solicitará al juzgado correspondiente, la respectiva orden de desalojo preventivo y en casos especiales ordenará, a través de un auto motivado, efectuar el desalojo, nombrando a un juez ejecutor que no sea un funcionario policial”, afirmó.

EMPRESAS AFECTADAS

Castro exigió a las empresas afectadas que proporcionen toda la documentación necesaria debidamente registrada, las condiciones, espacio y tener el debido contacto y proyección social con la población donde están ubicadas sus fincas.

“Las empresas acogidas al convenio suscrito entre el Gobierno, Plataforma Agraria y Copa; 13 fincas se declaran protegidas y el Gobierno buscará una pronta solución”

APLICACIÓN DE LA LEY

El CNDS realizará los operativos estratégicos, generará los instrumentos jurídicos y procedimentales y creará con carácter de emergencia la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra.

La Comisión será presidida por el director del Instituto Nacional Agrario y conformada por un fiscal especial, nombrado por el fiscal general; un juez con Jurisdicción Nacional, nombrado por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia; un comisionado de Policía, nombrado por el secretario de Seguridad; un oficial de las Fuerzas Armadas de Honduras, nombrado por la Secretaría de Defensa; un diputado del Congreso Nacional, nombrado por el presidente de ese poder del Estado; el presidente de la junta directiva del Instituto de la Propiedad y el secretario de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico.

Deja tu comentario