Guilfredo Cerrato logra cambio de medidas y se defenderá en libertad por «Bomberazo»
REDACCIÓN. Un juez especializado en Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción concedió un cambio de medidas a Guilfredo Cerrato Santos, quien fue asesor de la Secretaría de Gobernación y Justicia de Honduras, tras su vinculación en un supuesto desfalco al Estado.
Cerrato Santos se encuentra implicado en un caso de corrupción relacionado con la compra irregular de siete camiones de bomberos, una adquisición que ha levantado serias sospechas sobre su legalidad y transparencia.
El caso, que involucra a varios funcionarios y empresarios, incluye acusaciones de sobrevaloración en el precio de los vehículos, los cuales, según informes, presentaban fallas mecánicas y técnicas que comprometían gravemente la operatividad del Cuerpo de Bomberos del país.
Junto con Kerin Francisco Maldonado, Cerrato Santos fue arrestado en agosto de 2024. Ambos fueron acusados de estafa y uso de documentos falsificados en relación con el proceso de compra de los camiones.
Los vehículos, que debían mejorar la capacidad de respuesta ante incendios y emergencias, resultaron ser ineficientes y no cumplían con las especificaciones necesarias, lo que generó una importante alarma por el mal manejo de recursos públicos destinados a la seguridad y bienestar de la población.
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MEDIDAS
El cambio de medidas otorgado por el juez permitirá a Cerrato Santos enfrentar el proceso judicial bajo condiciones diferentes, aunque se mantienen las acusaciones en su contra por el desfalco y las irregularidades cometidas durante su ejercicio como funcionario público.
El caso de los camiones de bomberos es uno de varios escándalos de corrupción que han salpicado a funcionarios del gobierno, desvelando una serie de irregularidades en la administración de recursos públicos.
Además de los cargos por sobrevaloración de los camiones, las autoridades investigan la posible implicación de más personas dentro del entramado de corrupción, mientras el pueblo hondureño exige respuestas y justicia en relación con el manejo de fondos destinados a servicios esenciales como el de los bomberos.
La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción y otras entidades del Estado continúan con la investigación, con el fin de esclarecer el caso y llevar a los responsables ante la justicia, en un intento por frenar la impunidad en el manejo de recursos públicos.
Este caso, junto con otros en curso, ha generado un llamado a la reflexión sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de control y transparencia en la administración pública para evitar que actos de corrupción sigan afectando al país.
