Gustavo Sánchez: “Estado de excepción es la única herramienta especial contra el crimen organizado”
TEGUCIGALPA. El secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, defendió la ampliación del estado de excepción, aprobada en Consejo de Ministros, señalando que ha permitido avanzar en la prevención de la violencia.
«Estamos hablando del estado de excepción parcial que ha estado en vigencia desde el 6 de diciembre de 2022, que ha sido extendido varias veces y que ha permitido que nuestro país haya avanzado como nunca en la historia en la prevención de la violencia y la criminalidad», declaró Sánchez.
Las estadísticas indican que, en 2024, Honduras registró una reducción de ocho puntos en la tasa de homicidios, siendo el año con menos violencia en las últimas dos décadas.
Sánchez aseguró que la medida ha ayudado a la captura de más de 50 extraditables, la incautación de más de 30 toneladas de cocaína y la erradicación de más de 11 millones de arbustos de coca en conjunto con las Fuerzas Armadas de Honduras (FF.AA.).
También afirmó que la nueva prórroga busca «garantizar al pueblo hondureño mejores niveles de tranquilidad y paz en materia de seguridad ciudadana».
El Secretario de Seguridad no dijo hasta cuándo estará vigente la medida, cuya última extensión vence el 5 de abril próximo y se extiende a 226 de los 298 municipios del país.
El estado de excepción fue implementado el 6 de diciembre de 2022, mediante el decreto ejecutivo PCM-01-2023 como estrategia del actual Gobierno para combatir el crimen organizado y la inseguridad en general.
La medida restringe derechos como la libertad personal, de asociación, de reunión y de circulación, además de permitir la intervención en domicilios sin orden judicial. Según las autoridades de seguridad, ha servido para frenar delitos como la extorsión, el sicariato y el secuestro.
El Gobierno insiste en que la medida ha sido efectiva y continuará vigente con la reciente ampliación, pese a que hay señalamientos por ser “inconstitucional”. La estrategia ha sido cuestionada por diversos sectores que consideran que no ha dado los resultados esperados.
El pasado 5 de febrero, la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra el decreto que mantiene vigente el estado de excepción.
Según la ASJ, las prórrogas de esta medida no se ajustan a la ley y han afectado los derechos fundamentales de los ciudadanos.
En febrero, la organización reveló que entre 2022 y 2024, más de 304 mil hogares hondureños fueron víctimas de extorsión, evidenciando que el estado de excepción no ha logrado erradicar el flagelo. No obstante, el mismo mes, la CSJ declaró inadmisible el recurso contra el estado de excepción presentado por la ASJ.
