Hugo Noé Pino: No aprobar el Presupuesto causará caos en la administración pública

TEGUCIGALPA. A solo días del cierre de sesiones en el Congreso Nacional, la aprobación del Presupuesto General de la República para 2025, que alcanza los 430,907.8 millones de lempiras, aún sigue pendiente.

El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Hugo Noé Pino, expresó su preocupación ante la falta de apoyo del Partido Liberal en la audiencia programada para analizar el presupuesto, lo que, según él, ha retrasado el proceso. Sin embargo, destacó que se ha mantenido un diálogo constante y productivo con dicha bancada.

“Si el Partido Liberal hubiera asistido a la audiencia programada, habríamos ganado tiempo en este proceso. No obstante, estamos abiertos a seguir explicándoles los detalles. Ellos han presentado algunas propuestas que estamos evaluando, algunas de las cuales pueden ser incorporadas, mientras que otras no, debido a restricciones presupuestarias”, señaló Pino.

El diputado también aclaró durante las reuniones que la partida 449, que ha generado especulaciones, no es confidencial, como se ha sugerido en algunos círculos.

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Según Pino, la información sobre esta partida se ha explicado a los diputados de manera transparente.

Pino insistió en la urgencia de aprobar el presupuesto antes del 31 de diciembre, tal como establece la Constitución, para evitar un desorden en la gestión pública.

“Es fundamental que el Presupuesto se apruebe dentro del plazo constitucional. De lo contrario, se generaría una gran desorganización en el aparato estatal, lo que afectaría la gobernabilidad del país”, advirtió.

Con el tiempo en contra, el Congreso Nacional enfrenta un desafío crucial en los próximos días: lograr consensos entre las distintas fuerzas políticas para evitar un impasse que podría complicar la estabilidad financiera del país en 2025.

El Presupuesto General para el próximo año contempla 266,667.6 millones de lempiras para el gobierno central y 164,240.2 millones para la administración descentralizada, con el objetivo de financiar el funcionamiento del Estado y sus diversas instituciones.