ICF investiga muerte masiva de peces y camarones en la cascada El Salto
VALLE. Cientos de peces, crustáceos y otras especies acuáticas aparecieron muertas por causas desconocidas, en la cascada El Salto, comunidad Paso Hondo, aldea La Arada del municipio de Goascorán, de este departamento.
Tras el hallazgo, pobladores de la zona realizaron la denuncia preocupados por la repentina mortandad de especies acuáticas en el afluente, lo que supone podría ser un envenenamiento masivo y puso en riesgo no solo la biodiversidad, sino también la salud de las familias que frecuentan ese espacio natural.
Ante la denuncia, técnicos del Instituto de Conservación Forestal (ICF) realizó una inspección en la cascada El Salto y ejecutó acciones en coordinación con la Unidad Municipal Ambiental (UMA) de la alcaldía de Goascorán y el Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESCCO), de la Secretaría de Recurso Naturales (Serna).
En el lugar, los biólogos recolectaron muestras del agua y de algunas especies acuáticas y ambientales, las cuales fueron enviadas a laboratorio para análisis físico-químico y de plaguicidas.
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Ronald Castillo, jefe regional del ICF del Pacífico, confirmó la muerte de miles de peces y camarones de río en la cascada El Salto. “Se hizo el levantamiento de muestras de laboratorio para realizar los análisis correspondientes de químicos y plaguicidas”, dijo el funcionario.
Castillo añadió que murieron miles de peces “que no pueden ser consumidos debido a que se encuentran contaminados al igual que el agua no puede ser utilizada para darle de beber al ganado”.
Las autoridades indicaron que las causas del fenómeno están en proceso de investigación, aunque no se descarta contaminación del agua por descargas químicas o residuos agrícolas.
En ese sentido, la institución indicó a través de sus redes sociales que elaborará un dictamen técnico que será remitido a las autoridades competentes para encontrar a los culpables y se deduzcan las responsabilidades del caso.
DELITO
En la actualidad, el Código Penal de Honduras estipula penas de 3 a 6 años para aquellos que realicen actividades contaminantes que afecten la atmósfera y por la explotación ilegal de recursos naturales.
