Interponen requerimientos fiscales por irregularidades en Hondutel y en Conaprev

TEGUCIGALPA. La Fiscalía Especial Contra los Delitos Tributarios y Conexos, interpuso requerimiento fiscal en contra del exgerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), Melvin Remberto Maldonado Maldonado, por suponerlo responsable de violación de los deberes de los funcionarios.

Este caso tiene que ver con retenciones al Impuesto Sobre la Venta (ISV) que pagaban los abonados y que no fue entregado al Servicio de Administración de Rentas (SAR), causando un perjuicio a la administración pública por un monto superior a los 259 millones de lempiras (L259,256,694.65).

A eso se suma el hecho que como responsable de Hondutel, Maldonado Maldonado no enteró al SAR más de tres millones de lempiras (L3,400,609.76) por concepto de retención de la fuente o Impuesto Sobre la Renta (ISR) y finalmente otros 1.5 millones de lempiras (L1,501,400.02), a razón de retenciones por ventas del Estado.

En total, más de 263 millones de lempiras (L263,762,704.43) dejó de percibir la hacienda pública entre los años 2019 y 2021 por las presuntas actuaciones punibles del extitular de Hondutel, Melvin Maldonado Maldonado.

OTRO CASO
Asimismo, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) presentó requerimiento fiscal en contra de la exrepresentante del poder ejecutivo en el Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles e Inhumanos o Degradantes (MNP-Conaprev), Jessica María Abufele Luque, por suponerla responsable de los delitos de malversación por aplicación oficial diferente y violación a los deberes de los funcionarios.

De acuerdo a las diligencias de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), la acusada, quien se desempeñó en el cargo hasta marzo de 2022, solicitó y recibió de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) un apartamento en el edificio “Condominios Malibú” situado en la colonia San Ignacio, de esta capital, bien inmueble asegurado por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) y la ATIC en el marco de la «Operación Apolo» en 2018, al que la exfuncionaria le dio un uso para beneficio personal (domicilio privado).