Luego de tres meses en paro finaliza conflicto en el Ministerio Publico
Los empleados deben liberar las sedes de forma inmediata.

El acuerdo establece que no habrá traslados o represalias por las acciones que ejecutaron empleados y funcionarios de la institución.

TEGUCIGALPA. Luego de tres meses de protestas, empleados del Ministerio Público (MP), lograron acuerdo con el Gobierno, por lo que todo vuelve a la normalidad.

En la resolución se establece un aumento de L3,600 que equivale a L2,000 por costo de vida y L1,600 de aumento salarial nivelado para todos y cada uno de los empleados.

Además, se firmó un acuerdo en el que se pactó que no habrá ningún tipo de persecución o represalia para ningún empleado o funcionario que estuvo apoyando la huelga.

“Esto no es una amnistía a los empleados por algún delito que pudo haber cometido conforme a Derecho, ni de sanciones anteriores, únicamente aplica dentro del período que estuvo la protesta”, señaló, Rafael Canales, presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), quien sirvió como mediador para poner fin al conflicto.

Aclaró que el problema llegó a ese nivel, porque pasaron cerca de dos meses y no había ningún tipo de respuesta.

“Creo que esto debe de servir de reflexión para que se acuda en este tipo de casos al diálogo, porque no se puede dejar que este tipo de conflicto se agudice por más tiempo”, refirió Canales.

SIN PROCESOS DISCIPLINARIOS

“Se garantiza el no inicio de procedimientos disciplinarios a los empleados; así como, la no emisión de exhortaciones o informes agregados a sus expedientes de personal, relacionados con su participación en estos eventos. Teniéndose por no aplicables las que se hubieren emitido, en su caso”, indica el acuerdo.

Establece que se excluye el conteo del plazo de prescripción, en todas las acciones incoadas, previo al inicio de la huelga y la protesta pacífica, desde su inicio hasta su formal conclusión.

NO ROTACIONES Y TRASLADOS
Asimismo, se garantiza a estos que no se procederá a su rotación a otras sedes fiscales fuera de la ciudad en la que estuvieren asignados; que no se operarán remociones de cargo y cancelación de designaciones, por el tiempo que resta para concluir el período Constitucional del fiscal general de la república y el fiscal general adjunto.

No obstante, en los casos de los empleados, servidores y funcionarios, cuya actividad esté directamente vinculada con los procesos de investigación y recopilación probatoria, se mantendrá la asignación normal de actividades necesarias para evacuar la carga probatoria, dentro o fuera de la sede a la que estuvieren asignados, a fin de mantener la efectiva operatividad institucional.

“Asimismo, se instruye a las diferentes direcciones, dar trámite normal a todas las solicitudes de rotación presentadas por empleados, servidores y funcionarios previas a la huelga y las que se presenten a partir de la fecha, siguiendo los criterios de objetividad y eficacia que manda la Ley, en cada caso”.

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Por otra parte, se acordó que la recepción de los bienes inmuebles estará a cargo de las autoridades que delegue la Fiscalía General y los respectivos directores en cada sede; estos funcionarios serán responsables por levantar un acta, junto con sus jefes delegados, en la cual se hará constar el normal estado, o las observaciones (de existir), de los bienes, expedientes y evidencias contenidas en cada despacho.

“Esta disposición debe entenderse sin perjuicio del levantamiento de las respectivas actas por parte de los representantes de los empleados, servidores y funcionarios con los fedatarios que estimen pertinentes, pudiendo hacerlo en conjunto”, explica el acuerdo.

Igualmente, ordena que se deberá proceder en forma inmediata a la recuperación de los bienes muebles que, con el fin de garantizar la operatividad mínima, fueron movilizados a sedes de otras instituciones públicas, durante el período de la huelga.

ACUERDO ECONÓMICO

Una vez entregadas las instalaciones físicas, se procederá en forma inmediata a dar cumplimiento a lo acordado en el aspecto económico que motivó la protesta, librando atento oficio a la Secretaría de Finanzas y al Congreso Nacional, en el cual se les notificará tanto del acuerdo económico, como del contenido del presente acuerdo, solicitando se proceda al tenor de lo que mandan los artículos 364 de la Constitución, en relación con el 37 de la Ley Orgánica del Presupuesto.

ADEMAS

El acuerdo se firmó por el fiscal adjunto, Daniel Sibrián Bueso, delegado por el fiscal general, Óscar Chinchilla.