Más de 3,500 reclusos recuperarán su libertad este año
REDACCIÓN. El coordinador de la Mesa Técnica de Desinternamiento de los Centros Penales, Magistrado Mario Díaz, informó que se estima que más de 3,511 reclusos recobrarán su libertad en 2025.
Esta proyección fue presentada durante la primera reunión con diversos sectores, en la que se discutieron las metas alcanzadas en 2024 y las proyecciones para el próximo año.
La Mesa Técnica analizó los casos de las personas privadas de libertad a quienes les venció la medida de prisión preventiva y los que fueron excarcelados bajo la modalidad de libertad condicional. Para ello, se revisaron individualmente los casos, muchos de los cuales fueron sometidos a audiencias virtuales.
“Se realizaron alrededor de 2,490 audiencias virtuales de diversa índole, incluyendo juicios, cómputos de pena, revisión de medidas, entre otros”, añadió Díaz. Además, destacó que la proyección para 2025 es liberar a 3,511 personas, mediante los beneficios de libertad condicional, prisión preventiva vencida o preliberación.
“El mapeo realizado a nivel nacional prevé que estos liberados lo hagan de forma mensual, lo que ayudará a aliviar la sobrepoblación penitenciaria y mejorará las relaciones internas dentro de las prisiones”, subrayó. En todos los procesos, según mencionó Díaz, ha habido colaboración con diversas instituciones del Estado y la sociedad civil.
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INP
“Destacamos la excelente colaboración con entidades como el Instituto Nacional Penitenciario (INP), el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, el Mecanismo Nacional de Prevención (Conaprev) y otras”, expresó.
Comentó que algunos de los privados de libertad actualmente están recibiendo tratamiento en centros psiquiátricos, pero ya se encuentran mentalmente recuperados. “Recibimos informes del Hospital Psiquiátrico Santa Rosita sobre la situación de los reclusos. Estamos definiendo una estrategia para liberar a aquellos que ya tienen el alta médica”, explicó.
Díaz también hizo hincapié en la necesidad de evitar la sobrepoblación en el hospital psiquiátrico, aclarando que este no es un centro de reclusión. “Los pacientes permanecen allí solo mientras atraviesan una crisis de salud”, indicó. Para ello, se ha designado una comisión que se encargará de la evaluación psiquiátrica realizada por los médicos del hospital.
Por otro lado, la semana pasada comenzó un monitoreo judicial en el Hospital Psiquiátrico Santa Rosita, con el fin de darle seguimiento a los expedientes judicializados por parte de los miembros de la Mesa Técnica.
Durante la visita, se revisaron ocho expedientes de pacientes judicializados para garantizar el cumplimiento de las medidas y evaluar si es necesario realizar cambios conforme a la normativa vigente.
HALLAZGOS
La abogada Sandra Barahona, miembro de la Mesa Técnica, señaló que uno de los hallazgos más relevantes fue la falta de una base de datos que registre los 220 expedientes que maneja el centro asistencial, tanto judicializados como no judicializados. Esto dificulta la gestión de la información y el seguimiento oportuno de los casos.
Ante esta situación, la Mesa Técnica, en coordinación con el Programa de Auditoría Penitenciaria, propuso la creación de una base de datos para el Hospital Psiquiátrico Santa Rosita.
La visita también permitió identificar la situación de vulnerabilidad de los pacientes, incluidos algunos que han estado privados de libertad y menores de edad.
La abogada confió en que la propuesta de crear la base de datos se discutirá y consensuará en la próxima reunión de la Mesa Técnica, programada para el miércoles 26 de febrero, con el fin de agilizar la atención de los pacientes y mejorar la respuesta a solicitudes de información.
Díaz agregó que, además de realizar el monitoreo de expedientes en el hospital psiquiátrico, se recibió un informe sobre el enrolamiento judicial realizado el año pasado para los internos del Centro Penal de Choluteca.
El informe presentó los resultados, las recomendaciones a las autoridades penitenciarias y el estado judicial de los casos de los reclusos asignados a ese centro penal, entre otros.
