MP procesa a diputada Gladys Aurora López por Malversación de Fondos Públicos
REDACCIÓN. El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial Para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), regional Comayagua, ha logrado la formalización de un auto de procesamiento con medidas cautelares en contra de la diputada Gladys Aurora López, por suponerla responsable de malversación de caudales públicos.
La acusación se basa en su presunta participación en el retiro indebido de materiales de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) destinados a un proyecto social en “La Ceibita”, en el municipio de Opatoro, La Paz. Estos materiales fueron luego encontrados en un proyecto privado en San Pedro Sula, Cortés.
La misma resolución también afecta al exjefe de planificación e ingeniería del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico (FOSODE), Ricardo Enrique Padilla, quien está acusado de violación de los deberes de los funcionarios públicos, por omitir su responsabilidad de supervisar que el proyecto se ejecutara conforme a lo establecido en el acta correspondiente.
Según las investigaciones realizadas por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), el 25 de junio de 2021, la diputada López firmó un acta para solicitar materiales de electrificación para un proyecto en “La Ceibita”, Opatoro, afirmando que contaba con la mano de obra lista para ejecutar el proyecto.
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Sin embargo, se descubrió que esta comunidad ya había sido electrificada desde 2019 mediante un proyecto municipal, lo que genera dudas sobre la legalidad y la justificación de la solicitud de materiales.
En junio de 2022, durante una inspección de campo llevada a cabo por el FOSODE, se constató que los materiales solicitados por López no estaban presentes en la comunidad de “La Ceibita”.
SEGUIMIENTO
Posteriormente, un seguimiento realizado por la ATIC reveló que los materiales fueron trasladados a un proyecto privado en San Pedro Sula, lo que llevó al Ministerio Público a calificar este acto como malversación de caudales públicos, ya que provocó un perjuicio económico de más de 290 mil lempiras al Estado.
Además, el expediente también señala al entonces director de FOSODE por no cumplir con su responsabilidad de velar por la correcta ejecución del proyecto, así como al excoordinador de la Unidad Municipal Ambiental (UMA) de Opatoro, quien emitió una constancia afirmando que el proyecto no causaba daño ambiental, a pesar de saber que la comunidad ya contaba con el servicio de electricidad. Este proyecto, de acuerdo con las investigaciones, había sido ejecutado previamente con fondos municipales.
El Ministerio Público ha señalado que se encuentra a la espera de que se convoque la audiencia de declaración de imputado para continuar con el proceso judicial. Con este caso, el MP reafirma su compromiso de luchar contra la corrupción y la malversación de fondos públicos, buscando que los responsables de estos actos sean procesados y sancionados conforme a la ley.
