Ortega y Murillo dan un “golpe final” al Estado de derecho en Nicaragua, según expertos de la ONU

ESTADOS UNIDOS. El Gobierno de Nicaragua desmantelo los últimos controles sobre su poder y para ello no ha dudado en cometer graves violaciones de derechos humanos, denuncia un informe presentado a la prensa por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos creado en la ONU para este país.

Por primera vez, los expertos lograron reunir evidencia que muestra que el Ejército nicaragüense participó junto con la policía y grupos paramilitares en la violenta represión contra las protestas masivas de 2018, que dejaron más de 300 muertos, una implicación que hasta el momento había negado.

La investigación y toda la información reunida por este Grupo señalan que el presidente Daniel Ortega y su esposa y ahora copresidenta Rosario Murillo «han transformado deliberadamente al país en un Estado autoritario», donde ya no quedan instituciones independientes, ni voces disidentes porque éstas han sido silenciadas tras una persecución que va más allá de las fronteras del país.

«En el último año, el Estado y el partido gobernante (FSLN) prácticamente se han fusionado en una maquinaria unificada de represión con impacto dentro y fuera de Nicaragua, y Ortega y Murillo operan una extensa red de inteligencia que supervisa a toda la población», ha comentado el presidente del Grupo de Expertos, Jan Simon.

El golpe de gracia al Estado de derecho se produjo la semana pasada, cuando entró en vigor una reforma constitucional que eliminó los pocos controles institucionales que quedaban, lo que ha dado lugar a un poder ejecutivo con dominio absoluto, según el análisis del Grupo de Expertos, creado en 2018 por decisión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.