Suspenden de sus cargos a tres agentes de la DPI acusados por “cobro” a dueño de negocio
SAN PEDRO SULA. Una jueza de Letras Penal con Jurisdicción Nacional, impuso mediante una audiencia de declaración de imputado, la medida cautelar distinta a la detención judicial, en contra de tres agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) acusados, por el delito de concusión en perjuicio de un testigo protegido y la administración pública del Estado de Honduras.
Los imputados son Erick Antonio Sosa, Jairo Antonio Bonilla Cruz y Eduardo Valentín Suazo Méndez.
Dichos agentes deberán ir a firmar a los juzgados cada 15 días, no podrán salir del país sin autorización del Juez competente, tienen prohíbe comunicarse o transitar por donde habitualmente acude la víctima, no podrán comunicarse o visitar a sus compañeras o compañeros de trabajo o permanecer en las instalaciones de la DPI y fueron suspendidos de sus cargos, indicó la togada.
Lo antes descrito ocurrió, luego que agentes de la Dirección Técnica de Investigación Criminal (ATIC) los remitiera ante la secretaría del Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción.
Entre tanto, la audiencia inicial, quedó establecida para el martes 20 de mayo a las nueve de la mañana.
ACCIONES
Previamente, fiscales adscritos a la Fiscalía Especial de Transparencia Contra la Corrupción Pública (Fetccop) presentaron el requerimiento, describieron los hechos y pidieron la aplicación de la medida cautelar limitativa de la libertad.
Por su parte, la defensa técnica legal de los imputados, rechazó la acusación, presentó el suficiente arraigo domiciliario, familiar, laboral, solicitando imponer medidas distintas a la planteada por la fiscalía, manteniendo el estado de inocencia de sus representados.
HECHOS
De acuerdo a diligencias de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) el hecho sucedió el lunes 28 de abril, a las 5:30 de la tarde, cuando el testigo estaba llegando a su negocio, un billar denominado “Pinto” ubicado en el bordo de Río Blanco, en la ciudad de San Pedro Sula.
Entre tanto, los ahora imputados quienes portaban chalecos de la DPI descendieron de un vehículo color gris que no tenía placas y le solicitaron el permiso de operación del negocio, sin embargo; el ofendido les dijo que no contaba con dicho permiso.
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Ante lo descrito, los acusados le informaron que la multa ascendería a 200 mil lempiras, valor monetario con el que no contaba el testigo.
Seguidamente, ellos realizaron una llamada telefónica y le comunicaron que, por instrucción de un comisionado, podían llegar a un acuerdo y le exigieron 20 mil lempiras a cambio de no decomisarle la mercadería.
En consecuencia, el testigo accedió a entregarles el dinero que había obtenido durante la semana para comprar más productos, momento en el cual llegó otra persona que presenció la entrega.
