Residentes de Mateo llevan seis días sin transporte público debido a extorsiones

TEGUCIGALPA. Los residentes de la aldea Mateo llevan seis días sin transporte público, tras la decisión de los transportistas de paralizar sus unidades debido a amenazas de extorsión.

Según los habitantes de la zona, la extorsión ha paralizado el servicio de transporte, dificultando el traslado de los ciudadanos hacia la capital hondureña.

Los conductores tomaron la decisión de suspender las operaciones después de recibir llamadas y notas con amenazas de extorsión.

Los transportistas explicaron que prefieren detener el servicio en lugar de arriesgar sus vidas ante la amenaza de los extorsionadores. Hicieron un llamado urgente a las autoridades de seguridad para que intervengan y resuelvan la situación.

Además, la dirigencia del transporte local expresó su desesperación no solo por las extorsiones, sino también por las multas impuestas por tránsito y la alcaldía municipal. Informaron que, en promedio, enfrentan pagos mensuales de 30 millones de lempiras a grupos extorsionadores.

L350 MILLONES HAN PAGADO A EXTORSIONADORES

De acuerdo a la dirigencia del sector del transporte en Honduras, este rubro ha desembolsado aproximado de 350 millones de lempiras entre enero y julio de 2024. Esta información fue proporcionada por el transportista Wilmer Cálix, quien subrayó que los propietarios de autobuses son los principales afectados por las demandas de grupos delictivos.

Cálix detalló que los propietarios deben pagar entre 40 y 50 millones de lempiras mensuales a al menos cinco organizaciones criminales que operan en todo el país. Estas bandas imponen pagos semanales por cada unidad que circula en ciudades clave como Tegucigalpa y San Pedro Sula, intensificando la crisis en el sector.

«Este año ha sido particularmente difícil; la extorsión ha colapsado el sector en Tegucigalpa y San Pedro Sula. En los últimos dos meses, nuevas bandas han intensificado sus demandas», señaló Cálix recientemente en una entrevista.

La situación se ha visto agravada por la aparición de nuevas bandas que han incrementado sus exigencias.

El dirigente también informó que los propietarios de autobuses deben hacer frente a pagos a dos o más pandillas, las cuales imponen lo que se conoce como «impuesto de guerra».

A nivel nacional, los transportistas deben pagar a entre dos y cinco grupos delictivos, dependiendo de la ruta. En algunas rutas, la exigencia es de dos pandillas, mientras que en otras puede llegar hasta cinco, destacando la presión constante que enfrenta el sector.