Según expresidenta de CHE: Presupuesto 2025 muestra distribución inequitativa
TEGUCIGALPA. La expresidente del Colegio de Economistas de Honduras, Amparo Canales, expresó su preocupación por el Presupuesto General de la República para 2025, el cual asciende a 430.000 millones de lempiras.
Según Canales, ese presupuesto presenta un aumento sustancial, pero con una distribución altamente desigual que pone en riesgo sectores clave del país.
Canales destacó que una parte significativa del presupuesto, 67.000 millones de lempiras, está destinada al pago de la deuda pública, lo que representa un incremento de 11.000 millones respecto al presupuesto de 2024.
Ese gasto, indicó, duplica el monto asignado a sectores prioritarios como la Educación, que recibe apenas 42.000 millones, y supera ampliamente el presupuesto de la Secretaría de Salud.
“Estas disparidades en la asignación de recursos son preocupantes y afectan la capacidad del Estado para ofrecer servicios básicos a la población”, expresó la economista.
RECORTES EN SECTORES CLAVE
La exlíder del Colegio de Economistas, también señaló con preocupación los recortes en áreas consideradas prioritarias, como el Programa de la Red Solidaria, destinado a atender a los sectores más vulnerables.
Ese programa, según ella sufrirá una drástica reducción del 43%, una decisión que Canales calificó de alarmante, dado el contexto de creciente pobreza en el país.
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Además, la Secretaría de Energía enfrentará una disminución de su presupuesto del 32%, mientras que los fondos destinados a la inversión social se reducirán en un 12%.
«Estas medidas son difíciles de justificar, especialmente cuando las necesidades sociales y económicas del país son cada vez más urgentes», subrayó.
DESIGUALDAD EN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS
La economista también señaló que, aunque el Presupuesto General de 2025 muestra incrementos en varias partidas, estos aumentos no benefician de manera equitativa a todos los sectores.
“En algunas instituciones, los incrementos superan el 100%, mientras que otras, esenciales para el bienestar social, sufren recortes significativos”, indicó.
En términos generales, el 62% del presupuesto está destinado al gobierno central, mientras que el 38% se reparte entre las instituciones descentralizadas.
Canales remarcó que esta distribución no responde a las prioridades de desarrollo del país y considera que el presupuesto debería ser una herramienta para mejorar la calidad de vida de los hondureños, no una carga desproporcionada que castigue a los más vulnerables.
LLAMA A REPLANTEAR LA DISTRIBUCIÓN
En su análisis, Canales insistió en la necesidad de revisar y replantear la asignación de recursos dentro del presupuesto de 2025.
«Es fundamental que los recursos se orienten a áreas estratégicas que impulsen el desarrollo social y económico del país, especialmente en un contexto donde el endeudamiento sigue aumentando y las demandas sociales son cada vez mayores», afirmó.
La expresidenta del Colegio de Economistas concluyó subrayando que la actual distribución del presupuesto podría tener consecuencias negativas para el bienestar de los hondureños, especialmente aquellos que enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.