UFERCO le cae a cuatro exdiputados del Congreso Nacional
A los imputados se les acusa de haber saqueado 18 millones de lempiras de Poder Legislativo.

TEGUCIGALPA. La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), presentó este día requerimiento en contra de un diputado y cuatro exdiputados, dos representantes legales y dos contadores de Organizaciones No Gubernamentales y cinco particulares.

Los parlamentarios requeridos son Alberto Chedrani Castañeda (actual parlamentario), José Oswaldo Ramos Soto, Ricardo Antonio Díaz Aceituno, José Vicente León Rojas y Rodimiro Mejía Merino (exdiputados), a quienes se les vincula a operaciones fraudulentas y saqueo de fondos del Congreso Nacional (CN) en convenio con las oenegés Líderes Comunitarios para el Desarrollo (OLICODE) e irImpulso Solidario (OIMSO).

Asimismo, están involucrados Dalia Esmeralda Palma Sánchez y Ramón Eduardo Núñez Rodas (presidenta y contador de OLICODE); José Wilfredo Flamenco Ramírez y Marvin Alexis Sabillón Rivera (presidente y contador de OIMSO); Mirna Lizeth Ham Guzmán, José Jorge Cásula Laínez, Fabio Javier Rodríguez Lagos, Nahun Orlando Osorto Guevara y David Abner Flores Montoya, éstos últimos encargados de recibir y cambiar cheques emitidos a su nombre.

Las imputaciones contra Castañeda y Rojas son por fraude y lavado de activos y en el caso de Ramos Soto, Aceituno y Merino por fraude. En tanto, a Sánchez y Ramírez por fraude, lavado de activos, malversación de caudales públicos y uso de documentos públicos falsos. Mientras que Guzmán, Laínez, Lagos, Guevara y Montoya por encubrimiento por receptación agravado y a Núñez Rodas y Sabillón Rodas por falsificación de documentos.

Según las investigaciones estos se coludieron para crear las oenegés con las cuales desarrollarían 46 proyectos de microempresas y generación de empleo en los departamentos de Francisco Morazán, Cortés y Copán, pero solo se ejecutaron en un cinco por ciento y de los que al final se desviaron 18 millones 950 mil lempiras.

Además, se determinó que los imputados siguieron un sistema de desvío de fondos para financiamiento de gastos personales y de campañas políticas con el uso de redes de organizaciones de sociedad civil, captando los directivos de las oenegés el dinero de los proyectos y retornándolo a los diputados mediante depósitos en efectivo en sus cuentas bancarias, como es el caso de Ramos Soto que fue beneficiario de cuatro depósitos de casi un millón de lempiras.

Además

Debido a todas las investigaciones, la UFERCO ha interpuesto la acusación ante la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), siguiendo el procedimiento que establece la norma procesal penal, cuando alguno de los sindicados es alto funcionario del Estado.