Unos 263 operadores de justicia en riesgo y víctimas del desplazamiento forzado
TEGUCIGALPA. Según datos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), recopilados entre 2016 y mayo de 2024, al menos 263 operadores de justicia, incluyendo policías, militares, jueces y fiscales del Ministerio Público, se encuentran en riesgo o han sido víctimas de desplazamiento forzado en Honduras.
El Conadeh informó que durante este mismo periodo se recibieron 336 quejas de personas que denunciaron estar en riesgo o ser víctimas de desplazamiento forzado, señalando a operadores de justicia como los principales responsables.
Elsy Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, detalló que desde 2016 se identificaron 263 casos de operadores de justicia que han enfrentado amenazas debido a su labor, obligándolos a desplazarse o poniendo sus vidas en peligro. Entre las víctimas se incluyen policías, militares, jueces y fiscales que acudieron al Conadeh para presentar sus quejas.
Un alto porcentaje de estas denuncias están dirigidas contra estructuras criminales, según Reyes. Además, indicó que las quejas han aumentado cada año, con 66 casos atendidos en 2023, en comparación con 46 en 2022.
336 quejas contra operadores de justicia
El Conadeh también destacó que el desplazamiento forzado tiene múltiples causas, incluyendo violaciones de derechos humanos cometidas por operadores de justicia. Entre 2016 y mayo de 2024, el Conadeh recibió 336 quejas de la población, denunciando ser víctimas de desplazamiento forzado debido a la actuación de policías, militares y otros servidores públicos.
Las denuncias describen constantes allanamientos en viviendas y hostigamiento, lo que obligó a muchas personas a abandonar sus hogares por temor a represalias. Estos incidentes ocurrieron principalmente en el Distrito Central, Francisco Morazán, y en San Pedro Sula, departamento de Cortés.
El desplazamiento forzado por violencia es una de las violaciones de derechos humanos en crecimiento en Honduras, reconocida oficialmente desde 2013. Las personas más afectadas por este fenómeno incluyen comerciantes, amas de casa, taxistas, conductores de buses, docentes, abogados, periodistas, policías y militares.
Muchos de ellos son víctimas de extorsión, y en el caso de las amas de casa, enfrentan el reclutamiento forzoso de niños y adolescentes por estructuras criminales. La extorsión es una causa principal del desplazamiento forzado, lo que obliga a las personas a huir de sus comunidades, convirtiéndose en un grave problema de derechos humanos que no debe ser invisibilizado por otros actos de violencia.
