CNA denuncia al procurador y subprocurador General de la República por nombramiento ilegal

TEGUCIGALPA. El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) denunció ayer ante el Ministerio Público (MP) al procurador general de la República, Manuel Antonio Díaz Galeas, y el subprocurador, Tomás Emilio Andrade Rodas, por violentar la normativa constitucional en su nombramiento.

El ente de sociedad civil, explicó que «el pasado 02 de febrero de 2022, el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rafael Sarmiento, presentó la moción legislativa para el nombramiento de los dos funcionarios, y esta se aprobó en horas de la madrugada del 03 de febrero y se publicó en el Diario Oficial La Gaceta en día 08, de ese mes».

De acuerdo con la institución, ambos funcionarios cometieron delito al aceptar los altos cargos en la PGR (Procuraduría General de la República), sabiendo que no cumplían los requisitos. 

«Los procuradores no cumplen con los requisitos de: ser abogados y notarios, y tampoco se encuentran registrados con número de exequatur otorgado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ)”, reveló el CNA.

En este sentido, el ente anticorrupción aclaró que, por aceptar altos puestos públicos sin cumplir la legalidad, conlleva a una pena de inhabilitación especial de 1 a 3 años más la multa de 100 a 300 días.

 “Las acciones del actual Congreso Nacional (CN) incumple lo que establece el artículo 229 de la Constitución de la República, con relación a los requisitos para ocupar la titularidad de la Procuraduría General de la República, en un claro ejemplo de inobservancia al principio de legalidad y debido proceso”, cuestionó el CNA.

ACUSACIÓN

En ese sentido, sustenta  la acusación en lo que establece el artículo 500 del Código Penal, al cometer acciones de anticipación, prolongación y abandono de funciones públicas, en la que incurren los funcionarios de la PGR y quienes los propusieron en el cargo.

“En el caso de las y los diputados, no pueden ser acusados, ya que se blindaron con la aprobación del Decreto 117-2019 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, que establece ‘no incurren en responsabilidad penal, civil o administrativa en el ejercicio de sus funciones’. Dicha normativa sanciona a quien, a sabiendas de que no cumple con los requisitos establecidos en la ley, comiencen a ejercer un empleo o cargo público”, especificó.

El CNA mencionó que emprende esta acción a pocos días de la elección de la nueva Corte  Suprema de Justicia (CSJ), para que las acciones de las diputadas y diputados se guíen bajo la máxima del respeto a la Constitución de la República y en cumplimiento con los requisitos de idoneidad establecidos por la Ley.

ADEMAS

«Esperamos que el Ministerio Público al habérsele entregado una investigación profesional y completa, proceda a presentar las acciones penales pertinentes», contra los denunciados, expulsó el CNA.