Debilidad en el combate a la corrupción genera desconfianza ciudadana en el Gobierno
TEGUCIGALPA. A pesar de la poca cantidad de recursos de revisión presentados ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) (324 en 2024), comparados con la cantidad de solicitudes no respondidas, en la mayoría se tardan un año en resolver, aunque el plazo establecido por ley son 10 días hábiles.
Pese a que se han implementado ideas como la creación del Plan de Acción de Estado Abierto Honduras 2023-2025, con un 36% de cumplimiento en sus 14 compromisos, la promoción de una cultura de transparencia con la participación de casi 3,000 funcionarios públicos y la instalación del sistema 130 para recibir denuncias, los resultados siguen siendo escasos para combatir la corrupción en Honduras.
También la falta de resultados en la lucha anticorrupción es otro factor ya que, en 2024, Honduras registró su peor puntaje histórico en el Índice de Percepción de la Corrupción y por decimoquinto año consecutivo, continúa fuera de la Cuenta del Milenio por no aprobar los indicadores relacionados con el control de la corrupción.
Estudios extranjeros también reflejan un panorama preocupante. En el Índice de Democracia de The Economist Intelligence Unit, Honduras está entre los últimos lugares de América y en el Índice de Estado de Derecho de World Justice Project, a pesar de una leve mejora de 0.41 a 0.42 puntos, a nivel regional Honduras solamente supera a Nicaragua.
El sondeo de opinión del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ) establece que siete de cada 10 hondureños consideran que existe corrupción en las instituciones gubernamentales y partidos políticos.
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), recomendó al Poder Ejecutivo desarrollar mecanismos de monitoreo y seguimiento de iniciativas anticorrupción, fortalecer la autonomía y financiamiento de las instituciones y avanzar en la negociación con Naciones Unidas para la instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH).
Además, la ASJ instó al Congreso Nacional a cumplir sus funciones con transparencia, reformar normativas internas que otorgan poder a la Junta Directiva y priorizar la legislación necesaria para la lucha contra la corrupción y la instalación de la CICIH.
