Dictan auto de apertura a juicio en contra de exfuncionarios de la Copeco y otros empresarios

TEGUCIGALPA. La Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) obtuvo de parte del Juzgado Anticorrupción el auto de apertura a juicio en la causa que se sigue a tres exfuncionarios de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) y un empresario, acusados por presuntos actos irregulares cometidos en el marco de la pandemia de la COVID-19.

Se trata del exsecretario de Estado en Copeco, Gabriel Alfredo Rubí Paredes, y el
exsubcomisionado, Gustavo Adolfo Cruz Gómez, por los delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios; además de la exdirectora interina del Centro Nacional de Investigación y Capacitación, Arlette Magaly Montero Rodríguez y el representante legal de la empresa JF construcciones, Fernando Sierra, por el delito de fraude a título de cooperador necesario.

En este caso se encuentra prófugo el exadministrador de la Copeco, Cristian Elías Santeli, señalado de fraude y violación a los deberes de los funcionarios.

De acuerdo con las diligencias coordinadas con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), se establece que los exfuncionarios amparados en un decreto de emergencia el 10 de febrero de 2020, gestionaron la construcción de un Centro de Triaje en el Instituto Nacional Cardio Pulmonar, que según la investigación, no fue solicitado por las autoridades hospitalarias; sin embargo, se suscribió un contrato por más de cuatro millones de lempiras con una empresa constructora y se estima que hubo una sobrevaloración cercana al millón y medio de lempiras.

Según el Ministerio Público, la obra no contaba con los estudios, diseños o especificaciones generales y técnicas en función de una necesidad en el área de Salud; además se omitió los requisitos previos establecidos en la Ley de Contratación de Estado, violando así varios de sus artículos que buscan eficiencia y transparencia que brinden mejores condiciones de costo y calidad.

La investigación también establece que Gabriel Rubí autorizó el pago del 15 por ciento de anticipo sin cumplir con todos los requisitos antes del inicio de la obra, mientras que Gustavo Adolfo Cruz fue quien decidió de manera unilateral qué empresa sería la que ejecutaría la obra, también Cruz era quien hacía las verificaciones de avances y recibía las estimaciones, labor que no le correspondía.

Al final la obra quedó inconclusa, no hubo un acta de recepción de entrega final ni una garantía de calidad de la misma.