El Salvador: Oenegé documenta 153 muertos bajo custodia del Estado, detenidos en régimen de excepción

El Salvador: Oenegé documenta 153 muertos bajo custodia del Estado, detenidos en régimen de excepción

Hasta el momento no se conoce un informe oficial de las personas fallecidas en las cárceles.

EL SALVADOR. La organización no gubernamental Cristosal informó que al menos 153 personas detenidas en este país murieron bajo la custodia del Estado durante el régimen de excepción decretado por el Congreso el 27 de marzo de 2022.

De las 153 víctimas, cuatro son mujeres y el resto hombres. Según el informe de Cristosal, ninguna de las personas fallecidas fue declarada culpable del delito que se les atribuía cuando las detuvieron. Del total de personas fallecidas, 139 se dieron en el primer año del régimen de excepción.

El informe de la organización defensora de los derechos humanos también revela que las muertes de los detenidos fueron resultado de torturas y de lesiones graves y sistemáticas. Casi la mitad de los desaparecidos fueron víctimas de muertes violentas.

Profundiza en las prácticas de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes que han sido infligidos de manera generalizada a miles de personas detenidas bajo el régimen de excepción.

Una parte de estas muertes fue causada por patologías que evidencian una negligencia deliberada en la provisión de asistencia médica, medicamentos y alimentos, registrándose decesos por desnutrición.

Y agrega que estas acciones revelan claramente una política punitiva llevada a cabo por los custodios y funcionarios de la administración penitenciaria y afirma que “es evidente que tales acciones requieren la autorización y el respaldo de las autoridades de más alto nivel en el ámbito de seguridad”.

El Estado de Excepción aprobado por el Congreso unicameral suspende varios derechos constitucionales, entre ellos, el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y de los motivos de su detención, así como el derecho a contar con la asistencia de un abogado.

Además, amplía de 72 horas a 15 días la detención y permite a las autoridades intervenir correspondencia y los celulares de quienes se consideran sospechosos.

ADEMÁS: El informe destaca que la evidencia testimonial recopilada les permite constatar la evidencia de prácticas de tortura colectiva al momento de ingresar a las instalaciones penitenciarias.