En encuentro de docentes buscan desafiar dogmatismo religioso y defender derecho a decidir

REDACCIÓN. Ante las altas cifras de violaciones a los derechos de la mujer, autoridades de la Ecuménicas por el Derecho a Decidir (EDD), así como de la Secretaria de Asuntos Femeninos de la junta central ejecutiva del Colegio Profesional Superación Magisterial de Honduras (Colprosumah) desarrollaron el “Tercer Encuentro de Docentes Intercambio de Saberes por el Derecho a Decidir”; actividad en la cual se trató temas de salud sexual y reproductiva de la niñez y la adolescencia hondureña, y el rol del Estado en la garantía del principio de laicidad, en un contexto de creciente influencia de los fundamentalismos religiosos.

Durante el encuentro, la doctora Ana Ortega, destacó que el 23.7 % de las mujeres hondureñas han sido víctimas de violencia sexual y cada día, tres niñas menores de 14 años son obligadas a mantener embarazos producto de violaciones sexuales.

Datos de la Secretaría de Salud muestran que el país registró 29,629 partos en 2018, hasta 21,527 en 2023, en niñas y adolescentes de 10 a 19 años; muchos de ellos originados en violaciones y en la falta de una educación sexual integral.

Detrás de esas cifras, se esconden historias de violaciones y agresiones sexuales, de falta de acceso a la educación sexual integral, de desconocimiento y de vulnerabilidad, expresó por su lado la pastora Ana Ruth García, directora de EDD.

El proceso de formación de EDD se extiende a 16 de los 18 departamentos de Honduras. En los últimos cinco años, ha capacitado a más de 2,300 maestras en temas que van desde la justicia de género y derechos humanos, hasta la educación en salud reproductiva.

“Son ustedes las que pueden encontrar esas grietas en el sistema y meterse como luz en ellas para poder generar otro tipo de pensamiento” recalcó, Daniela Flores, coordinadora de Libertad y Autonomía del Fondo Centroamericano de Mujeres, a las participantes.

En Honduras, el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva sigue siendo muy limitado. Aunque el Gobierno autorizó el uso de la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE), su disponibilidad en los establecimientos de salud sigue siendo insuficiente, especialmente para las víctimas de violación sexual; muchos de esos casos concluyen en abortos espontáneos o provocados que les cuesta la vida o la libertad a las mujeres. Por ello, las organizaciones de mujeres y EDD demandan que la interrupción del embarazo sea despenalizada.