MP presentan requerimiento fiscal contra exempleados del CN por destrucción de documentos
TEGUCIGALPA. El Ministerio Público (MP), a través de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (UFERCO), presentó requerimiento fiscal contra tres exempleados del Congreso Nacional, acusados de sustraer y destruir documentos oficiales para ocultar irregularidades cometidas entre 2018 y 2022.
Los señalados son Carlos Roberto Avilez Moncada, exdirector financiero, Cinthya Marcela Oyuela Brizzio, exgerente administrativa y José Rolando Perdomo Cruz, expagador especial del departamento de pagaduría.
A los imputados los acusan de cometer los delitos de sustracción, destrucción, ocultación o inutilización de documentos en custodia y daños a datos y sistemas informáticos. Según el MP, estos actos formaban parte de un plan para encubrir irregularidades financieras en el manejo de fondos públicos.
El Ministerio Público informó que, entre noviembre de 2021 y enero de 2022, los acusados sustrajeron documentos clave de los departamentos de Pagaduría, Contabilidad y Dirección Administrativa del Congreso Nacional.
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ARCHIVOS
Los archivos fueron trasladados a viviendas particulares con el pretexto de protegerlos de la administración entrante (2022-2026). Sin embargo, la investigación señala que el verdadero objetivo era destruir los documentos, que contenían soportes contables, financieros y de pagos.
“Parte de esta información, que evidenciaba supuestas irregularidades, fue destruida; incluso se comprobó que algunos documentos fueron quemados en una propiedad vinculada al exdirector financiero. En el lugar también se hallaron sellos y documentos pertenecientes a Casa Presidencial”, reveló el MP en su comunicado.
Además, un análisis forense realizado por las autoridades confirmó que varios discos duros del Congreso Nacional fueron manipulados, formateados y sustituidos. También se descubrió que los acusados ordenaron transferir información a dispositivos externos, como memorias USB, e instalaron nuevos sistemas operativos para eliminar datos financieros críticos.
El MP sostiene que estas acciones formaban parte de un plan deliberado para obstaculizar futuras investigaciones y garantizar la impunidad de exfuncionarios implicados en el manejo irregular de fondos.
Las autoridades confirman que continuarán ampliando las investigaciones para identificar a otros posibles responsables y determinar el alcance total de las irregularidades.
Este caso subraya la determinación del Ministerio Público de perseguir actos de corrupción y garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes.
