Próspera señala que un fallo contra las ZEDE traería graves repercusiones para Honduras 

TEGUCIGALPA. La empresa Próspera, emitió un comunicado en el que alerta sobre las serias consecuencias que podría acarrear una posible decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de declarar inconstitucional la Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) con efecto retroactivo.

La empresa sostiene que tal fallo podría socavar tanto la estabilidad democrática como la económica del país.

Próspera señala que, de concretarse esta medida, Honduras enfrentaría sanciones internacionales que podrían incluir la cancelación de visas, la suspensión de ayudas y la interrupción de remesas.

«La mayoría de los juristas hondureños considera que aplicar retroactivamente un fallo judicial que elimine empleos e inversiones va en contra del marco legal establecido en el país», afirma el comunicado, enfatizando que esto generaría un clima de inseguridad para inversionistas y empleados.

Además, la empresa advirtió que un fallo de este tipo abriría la puerta a una posible persecución de los partidos de oposición, por haber votado a favor de una ley que ha creado más de 8,000 empleos bien remunerados y atraído más de 300 millones de dólares en inversiones.

«No hay nada que ganar con un fallo así. La invalidez retroactiva de las inversiones en las ZEDE podría dar pie a reclamos de expropiación y debilitar las defensas del Estado de Honduras en demandas de arbitraje internacional», subrayó.

Próspera también enfatizó que una decisión que se aparte de décadas de precedentes legales en Honduras carecería de legitimidad, recordando que más de 100 inversionistas estadounidenses tienen capital comprometido en estos proyectos. «Ciudadanos de más de 20 países están haciendo negocios en Próspera y otras ZEDE. A nivel internacional, tal decisión perjudicaría gravemente las relaciones con Estados Unidos y otros países, lo que podría conllevar sanciones severas», añadió el comunicado.

De hecho, varios congresistas estadounidenses de ambos partidos ya han expresado su preocupación por la posible expropiación de inversiones en las ZEDE. Próspera también advirtió que la estabilidad del sistema financiero nacional podría verse comprometida, dado que varios bancos hondureños tienen préstamos activos vinculados a estos proyectos.

«El impacto económico de una decisión retroactiva podría elevar el perfil de riesgo del país, encareciendo los costos de financiamiento y dificultando el crecimiento económico a largo plazo», concluyó Próspera.