Severas críticas reciben Ley de Amnistía en informe “Human Rights Report 2022”

Al menos 24 acusados (exfuncionarios) utilizaron la iniciativa retroactiva para que se desestimaran sus casos de corrupción.

TEGUCIGALPA. El Departamento de Estado de Estados Unidos dio a conocer ayer los detalles del informe “Human Rights Report 2022”, a través del cual los funcionarios de la nación del norte, señalan que las autoridades hondureñas no implementaron la Ley de manera efectiva y que los funcionarios continuaron incurriendo en prácticas corruptas con impunidad, “hubo numerosos informes de corrupción gubernamental”.

El informe presentado por Antony Blinken, jefe del Departamento de Estado de EE.UU., lo compartió también a través de su cuenta oficial de Twitter “Hoy publicamos el 47º Informe anual de derechos humanos. #2022HRR demuestra nuestro compromiso con la promoción de los derechos humanos en todo el mundo. Los invito a tomarse un momento y leer el informe completo:”, en el escrito analiza la actualidad en materia de derechos humanos de cada país que forma parte de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

HONDURAS
En torno a Honduras, el informe en la sección 4. Corrupción y Falta de Transparencia en el Gobierno resalta que el 2 de febrero de 2022, el Congreso Nacional (CN) aprobó una Ley de Amnistía Retroactiva que absolvió de delitos a los funcionarios públicos que trabajaron durante el gobierno del expresidente Manuel Zelaya (2006-09) y que hasta octubre del año pasado al menos 24 acusados utilizaron la Ley para que se desestimaran los casos de corrupción.

Rememora además que el 1 de marzo, el Congreso Nacional derogó la Ley de Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, mejor conocida como “Ley de Secretos”. La sociedad civil había criticado la Ley por limitar la transparencia y permitir que los funcionarios utilizaran la clasificación de documentos para ocultar la corrupción.

Apunta que el Gobierno procesó a algunos funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos o se involucraron en corrupción, pero un sistema judicial débil y la corrupción fueron obstáculos importantes para obtener condenas.

De igual forma precisa que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) reportó dos homicidios arbitrarios o ilegales a manos de las fuerzas de seguridad, hasta agosto.

“El 31 de mayo, miembros de la Unidad Nacional Antipandillas mataron a tiros a Wilson Ariel Pérez Hernández en San Pedro Sula, departamento de Cortés. Presuntamente fue asesinado cuando funcionarios de la Unidad Antipandillas intentaban arrestarlo por agredir a una oficial de Policía en un partido de fútbol, el 29 de mayo. El 17 de octubre, el Ministerio Público acusó a cuatro funcionarios de la unidad por su participación en el asesinato de Pérez Hernández”.

Refiere que el juicio por asesinato del oficial de Policía Jarol Rolando Perdomo Sarmiento concluyó el 17 de octubre. Perdomo fue acusado del asesinato de Keyla Martínez en febrero de 2021 en La Esperanza, Departamento de Intibucá. El veredicto final estaba pendiente de un recurso constitucional.

Detalla además que “los grupos delictivos, incluidas las bandas locales y transnacionales, y los narcotraficantes, fueron perpetradores importantes de delitos violentos y cometieron actos de homicidio, tortura, secuestro, extorsión, trata de personas, intimidación y otras amenazas y violencia dirigidas contra defensores de derechos humanos, autoridades judiciales y abogados, miembros de la comunidad empresarial, periodistas, blogueros, mujeres y otras poblaciones vulnerables”.

Enfatiza que el Gobierno investigó y procesó algunos de estos crímenes, pero la impunidad fue generalizada.

«La corrupción, junto con la falta de recursos de investigación y las demoras judiciales, generaron una impunidad generalizada, incluso, para los miembros de las fuerzas de seguridad. La Dirección de Asuntos Policiales Disciplinarios investigó los abusos cometidos por las fuerzas policiales».

Dice que «la Oficina del Inspector General de las Fuerzas Armadas y la Dirección de Derecho Humanitario investigaron los abusos de los militares. Conadeh recibió denuncias por abusos a los derechos humanos y las remitió al Ministerio Público para su investigación».
El informe, en su inicio destaca los crímenes de odio ocurridos durante el período relatado.
«Las cuestiones importantes de derechos humanos incluyeron informes fidedignos de ejecuciones ilícitas o arbitrarias, incluidas ejecuciones extrajudiciales; torturas y casos de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de agentes del Estado; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; arresto o detención arbitrarios; serias restricciones a la libertad de expresión y de los medios, incluidas las amenazas a los miembros de los medios por parte de elementos criminales; corrupción gubernamental grave; falta de investigación y rendición de cuentas por la violencia de género; y delitos que impliquen violencia o amenazas de violencia contra comunidades indígenas y afrodescendientes, y contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero».

Además: Antony Blinken, jefe del Departamento de Estado de EE.UU. invitó a través de su cuenta oficial de Twitter a leer el 47º Informe anual de derechos humanos.