“Negligencia” de Aduanas deja más de 200 millones en pérdidas por retener mercadería desde el 2022

TEGUCIGALPA. Detectives de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), llegaron ayer hasta las instalaciones de Aduanas Honduras para investigar una denuncia sobre 17 contenedores que mantiene retenidos desde el año pasado y por los que el Estado ha dejado de percibir millones de lempiras en impuestos.

Los agentes junto a un fiscal procedieron “secuestrar” información de esa institución para esclarecer en caso de la retención de los 17 contenedores llenos de mercadería.
Según los perjudicados con esa importación, hasta la fecha han dejado de percibir unos 200 millones de lempiras, por “negligencia” de Aduanas, pues no pudieron comerciar los productos.
En este contexto, la abogada Xiomara Gómez explicó que, en agosto de 2022, el director de Aduanas Honduras, Fausto Cálix, publicó un comunicado en la página web de la institución, donde se establecía que a partir de la fecha no se permitiría que se embarque mercancía que viniera de consolidadoras de carga que no estuvieran legitimadas en el registro que llevan los auxiliares de la función pública aduanera.

La togada señaló que, en momento, su representada Servicios Internacionales Urbina, solicitó un documento de transporte y no se lo permitieron, pero sí a otras personas.

Según la togada, la empresa traía 17 contenedores con ropa usada, zapatos y alimentos, pero los mismos no iban a desconsolidarse en Honduras; sin embargo, el titular de Aduanas le envió un correo electrónico a su representada en el que le indicó que mientras no fuera consolidadora de carga, no iba a poder sacar los contenedores de ahí.

“Ante la sumisión de la autoridad, mi representada tuvo que presentar toda la documentación para ser acreditada como consolidadora de carga, pero pasaron varios meses y la Administración Aduanera jamás dijo, señora, ‘ya la autorizamos, saque sus contenedores’”, aseguró.

En este sentido, afirmó que prácticamente su defendida fue obligada a ser consolidadora de carga, cuando la mercancía de los contenedores no necesitaba del servicio.

ILEGALIDAD
Gómez mencionó que es contradictorio que el director de Aduanas, diga que su defendida actuaba ilegalmente, cuando ellos mismos le dieron la autorización como consolidadora de carga.

“Cuando se pide ser consolidador de carga, uno de los requisitos es la idoneidad de la persona a la que el Estado le va a confiar ser auxiliar de la función pública”, puntualizó.

NO ABANDONÓ MERCANCÍA
La togada cuestionó que después de varios meses permitieran levantar la mercancía, pero bajo la figura “abandono tácito”, cosa que no sucedió.

“Mi representada jamás abandonó la mercancía, esto es para aquellas personas que traen la mercancía a la Aduana y nunca más se vuelve acordar de retirarla”, acotó.

Externó que la resolución es una falta de respeto, porque la Administración Aduanera conocía del caso.

ILEGALIDAD EN EL PROCESO

La abogada afirmó que el abandono genera sanciones formales y materiales; sin embargo, en la resolución no lo establecía.

“Si la Administración consideraba que mi representada había dejado abandonada la mercancía, era casi implícito que la resolución dijera que tenía que pagar sanciones por su abandono, cosa que en la resolución no consta”, enfatizó.

Gómez lamentó que les entreguen la mercancía ya para botarse, generando un perjuicio económico de 200 millones de lempiras a la empresa.

«Aquí se le hizo daño a la empresa naviera, al almacenaje de casi cuatro millones de lempiras, al dueño de la mercancía, que estamos hablando de un costo que supera los 200 millones de lempiras», planteó.

Subrayó que la Atic y la Fiscalía llegaron a la Aduana para anticipar pruebas contra las autoridades que no le dieron una solución a su representada.

“La Atic ya está en el proceso de investigación y los fiscales ven si la denuncia procede y se liberan requerimientos, si llegara a proceder”, refirió.

Explicó que han presentado todas las pruebas necesarias, porque les provocaron un daño y en relación con eso van a interponer las demandas correspondientes por la vía penal y civil.