Acusan a exministra de Salud, Yolany Batres por supuesta corrupción
TEGUCIGALPA. La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), en equipo con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), acusó a la exministra de Salud, Edna Yolany Batres Cruz, por suponerla parte de una red de corrupción que entre marzo y septiembre de 2014, defraudó al Estado por más de 7.8 millones de lempiras.
Información en poder de los agentes, señala que junto a Batres Cruz también se investiga a la exdirectora del Marco Normativo de Regulación Nanitaria, Gladys Hermelinda Paz Díaz y al exadministrador de la Dirección del Marco Normativo de Regulación Sanitaria, Benelio Alvarado Membreño. Asimismo, la excoordinadora de la Unidad de Información, Lolita Vanessa Cordero y los empresarios Héctor Rolando Figueroa Fúnez, Luis Gerardo Zelaya y Cristian Adolfo Sánchez.
En ese sentido, la ATIC ejecutó allanamientos en la vivienda de la exministra, quien según información se encuentra fuera del país, por lo que se solicitó alerta roja internacional; además la UNAF reportó la captura de Gladys Hermelinda Paz Díaz, Lolita Vanessa Cordero, Luis Gerardo Zelaya y Cristian Adolfo Sánchez.
De acuerdo con el expediente, estas siete personas serían parte de una red de corrupción que defraudó al Estado por un total de 7 millones 885 mil 450 lempiras, mediante la adjudicación irregular y fraudulenta de nueve contratos de consultorías y diseños de software orientados a la automatización de procesos para la vigilancia, fiscalización y control del Marco Normativo en Salud.
En tal razón, la acusación de la UNAF contra Batres Cruz, Paz Díaz y Alvarado Membreño, es por nueve delitos de fraude y nueve delitos de violación de los deberes de los funcionarios. Contra Cordero es por ocho delitos de fraude como cooperadora necesaria y ocho delitos de violación de los deberes de los funcionarios, como autora.
Y contra Figueroa Fúnez, la acusación es por nueve delitos de fraude como cooperador necesario, contra Zelaya por cinco delitos de fraude como cooperador necesario y contra Sánchez, por un delito de fraude como cooperador necesario.
