Casas Refugios, una tabla de salvación para las mujeres víctimas de violencia

REDACCIÓN. “El papá de mi hijo y yo estábamos viviendo en una misma casa, pero en cuartos diferentes. Era toda una tortura para mí vivir a su lado, pues el hombre con el que me casé había cambiado tanto que ya no lo reconocía. Sus agresiones eran cada día más fuertes, y no solo psicológica, sino también física”, relató “María” (nombre ficticio por seguridad), mientras esperaba a que una organización le ayudara para trasladarla a una Casa Refugio.

A simple vista “María” parecía una mujer normal, bien vestida y con una profesión, pero al hablar de lo que estaba pasando en su hogar, se asomaba el miedo y el terror de un día terminar con un balazo en la cabeza o muerta en las manos del que un día amó -su esposo-.

Con su voz entrecortada relató con lágrimas y mucha tristeza, la última agresión que le hizo su pareja, “una noche llegó bien tomado (embriagado) y de varios golpes derribó la puerta de la habitación donde mi hijo y yo dormíamos, no tuvo compasión y no le importó que nuestro pequeño estuviera ahí, me sacó a golpes del cuarto y frente a mi niño me violó y me golpeó hasta dejarme inconsciente en el suelo. Fue la voz de mi ‘muchachito’ y sus manos en mi rostro, que me reanimaron. Esa noche fue terrible”.

Lo anterior, dijo “María”, era recurrente, aunque esa última noche fue más fuerte, “es un hombre con mucho poder y bien adiestrado y formado con rigor, que incluso, las autoridades no lo podían tocar, por eso me daba miedo iniciar el proceso de denuncia, pero ya mis fuerzas no me daban para más, y era terrible ver que mi niño veía toda esa violencia. Me decía que si lo denunciaba me iba a matar; que, si me iba me mataría e iba a ultimar a mi hijo y mis demás familiares, no vas a ser solo vos, me sentenciaba. Me dijo que tenía que aguantar por siempre, porque para eso era su mujer”.

Recordó que durante varios años sufrió agresiones de todo tipo, y que un día tuvo el valor a través de una red social de contactar a una organización a la que le solicitó asesoría, pero fue al relatar a las representantes de la entidad lo que le ocurría a ella y su pequeño al cerrar la puerta de la casa, lo que la hizo tomar la decisión de interponer la denuncia y buscar un refugio, lejos de aquel agresor.

Al ser requerido el agresor por las autoridades, se inició un protocolo de resguardo para “María” y su pequeño, y así ponerlos a salvo en una Casa Refugio en una zona del país. “Me tuve que ir a refugiarme en un lugar que no conozco, lamentablemente en San Pedro Sula, la Casa Refugio que existe, no funciona, hoy debo dejar mi hogar, porque si no terminaré muerta y mi hijo solo, y lucharé a toca costa para que eso no suceda. Tengo terror, pero pienso en mi ‘muchachito’ y mi vida. El niño tiene un trauma y reacciones violentas”.

TRASLADO
Con suma tristeza rememoró, además que, cuando salió embarazada comenzó a recibir agresiones físicas, al grado de casi perder a su pequeño.
La semana pasada “María” logró llevar a su cónyuge hasta los tribunales de justicia, donde le tocó verlo de frente, aunque las noticias no fueron alentadoras, tras la audiencia tuvo que salir prácticamente huyendo del juzgado para evitar ser víctima de su expareja, y en total «secretividad» ir a recoger a su pequeño, que la esperaba en un sitio determinado, para luego ser llevada a una casa aliada y así salvar su vida, aunque el futuro fuese incierto.

CIFRAS
Según datos del Sistema Nacional de Emergencia 911, entre enero y octubre de 2021 en Honduras se reportaron 38,988 denuncias de violencia doméstica y 51,053 de violencia intrafamiliar.
Asimismo, según el Centro de Derechos de la Mujer (CDM), al finalizar el mes de agosto de 2022, el SNE (911) registró 31,810 denuncias de violencia doméstica y 50,351 denuncias de maltrato familiar, antes conocido como violencia intrafamiliar, sin contar con la elevación de feminicidios y secuestros de mujeres que aún están desaparecidas.
Algunas entidades de derechos humanos, son del criterio que en el país deberían de existir 298 Casas Refugio, una por cada municipio, pero que a la fecha solo existen unas pocas que están siendo manejadas por organizaciones de la sociedad civil, con lo cual el Estado ha obviado esa responsabilidad que tiene principalmente con las mujeres víctimas de violencia.

De acuerdo con estas entidades, la violencia contras las mujeres es una “pandemia” que se debe atender y que no se le ha dado esa atención oportuna y debida por parte de las autoridades correspondientes. Se estima que entre el 2002 y agosto de 2022, unas 7,409 mujeres perdieron la vida en circunstancias violentas.

REALIDAD
Joany García, es coordinadora del Proyecto Foro Sid y a través del Programa Espacios Seguros, explicó que reciben casos como el antes expuesto y que muchas veces les ha tocado con dolor en sus corazones enviar a las mujeres y sus hijos fuera de San Pedro Sula. “Aquí no funciona la Casa Refugio y esta es fundamente para brindar un marco protector a las mujeres sobrevivientes de violencia basada en género; y cuyas vidas están en riesgo inminente por sus agresores o parejas, y que no pueden regresar a sus casas, por que pueden ser una víctima mortal más”.

Sobre en qué momento entra en función la Casa Refugio, García refirió que “precisamente para poder darle seguridad y protección a esas personas que lo requieran y actualmente contamos en San Pedro Sula con ella y otros municipios aledaños, pero por diversos problemas, especialmente políticos no hay muchas, y es una tragedia, porque esto realmente pone en riesgo la vida de mujeres sobrevivientes de violencia”.

Lamentó que a pesar de que hay un anteproyecto de Ley de Casas Refugios en el Congreso Nacional, este no ha sido aprobado por los “padres de la patria”. Indicó que “es vital que estos espacios estén en funcionamiento y deber tener el acceso para garantizar en el marco de protección de las mujeres sobrevivientes de violencia, y es un mandato que está incluido en la creación de las Oficinas Municipales de la Mujer (OMM), por que se crearon para esa finalidad, brindar seguridad, protección y garantizar los derechos de la mujeres y las niñas, y en este caso uno de los derechos violentados es no tener un marco protector para ellas, especialmente las que son sobrevivientes de violencia, evitando así que se conviertan en una cifra o estadística más”.

Responsabilizó a las alcaldías municipales y a las autoridades de Gobierno central a través de la Secretaría de la Mujer, no ponerse de acuerdo para habilitar la Casa Refugio en San Pedro Sula. En la administración municipal anterior, la Casa Refugio, funcionaba y recibía a mujeres víctimas de violencia doméstica.

La Casa Refugio en San Pedro Sula tiene casi un año de no funcionar y el proceso para enviar a las mujeres sobrevivientes de violencia es en muchas veces todo un protocolo,
“estos sitios son administradas por la Oficina Municipal de la Mujer, tiene un protocolo; si la mujer no interpone una denuncia, no se puede referir al lugar, si la mujer no es víctima de violencia doméstica no la aceptan. Es vital que se modifique la ley y que se les brinde la accesibilidad a las mujeres para poder optar a estos sitios”.

OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER
Alejandra Pérez, es la coordinadora de la Oficina Municipal de la Mujer (0MM), quien explicó al equipo de Más Noticias Televisión (MNTV) que la firma de un convenio entre la Secretaría de Asuntos de la Mujer y la Municipalidad de San Pedro Sula, además del pago de más de L7,000 por servicios públicos es lo que atrasa para que la “Ciudad Industrial” cuente con una Casa Refugio.

“No hay un convenio actualizado con la Secretaría de Asuntos de la Mujer, pues se había vencido en diciembre del año anterior (2021) y la administración anterior no lo podía firmar, porque pasaba de su tiempo, y cuando solicitamos que se reactivara, el alcalde Contreras (Roberto) se tardó en firmarlo, pero al final lo firmó, luego fue pasado a Tegucigalpa para que dicha Secretaría hiciera lo mismo y no se logró hacer”, relató la funcionaria.

Explicó que, en su momento, la esposa del alcalde Zoila de Contreras, les apoyó en pagar un mes de servicios públicos; sin embargo, al poco tiempo les exteriorizó que la Corporación Municipal debía tomar cartas en este asunto.

Pérez detalló que dicha Secretaría envió una Comisión para liquidar el bien inmueble donde funcionaba la Casa Refugio, pues antes estaba a nombre del Instituto Nacional de la Mujer (Inam), el cual ya no existe, por lo que todos los bienes se deben liquidar y pasarse a la Secretaría de la Mujer.
Reveló que para poder reactivar el convenio “nos piden que desactivemos el anterior que en realidad ya está deshabilitado y realicemos la liquidación del bien, pero para eso hay que pagar los servicios, de los cuales se deben entre luz y agua 7,000 lempiras.
Mientras no exista un convenio no se puede pagar, pues el bien no es municipal, por lo que, hay que justificarlo”.

Agregó que en la OMM hay cinco programas que ayudan a las mujeres víctimas de violencia, entre estos; atención psicológica, acompañamiento legal, capacitación para conocer el proceso de violencia, educación para los hijos, terapia ocupacional de aprendizaje y las intervenciones del programa de economía.