CNA advierte sobre posibles escenarios que se desarrollaran durante elección de la CSJ

TEGUCIGALPA. La titular del CNA, Gabriela Castellanos, se pronunció respecto a la elección de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y afirmó que el quebrantamiento constitucional es la posible grieta en la que el oficialismo buscará apropiarse del Poder Judicial.

En este caso, la abogada manifestó que el Congreso Nacional (CN) se aprestaría a “jugarle la vuelta” a la Constitución y aparentemente cumplir aspiraciones políticas que confluyan con la legalidad.

“Los alegatos mediáticos y planteamientos escurridizos nos dan la pauta para que el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) se alerte y advierta al pueblo hondureño sobre las artimañas que estarían a punto de cometer”, opinó Castellanos.

Visualizó que el “juego político” podría desarrollarse en tres escenarios; sin embargo, ninguno de ellos apegados a la razón y el respeto de la norma suprema.

“La primera pretensión es el rompimiento del orden constitucional ante la nómina presentada el pasado 5 de enero por Libertad y Refundación (Libre) ante la falta de posibilidades que ese fracaso se repita en la convocatoria del día de mañana (hoy) 10 de febrero”, comentó Castellanos.

En tal caso, el partido de Gobierno podría declarar el rompimiento del orden constitucional y su plan sería responsabilizar a las bancadas que se opusieron a la propuesta presentada.

“En este caso, la norma suprema no regula qué sucederá si la elección no concluye ese día”, manifestó Castellanos.

En este sentido, destacó que el artículo 311 del texto constitucional indica que en caso de no lograrse la mayoría calificada para la elección de la nómina completa de los magistrados, se efectuará votación directa y secreta para elegir los magistrados, tantas veces sea necesario hasta lograr el voto favorable de las dos terceras partes.

La funcionaria aclaró que “esto no limita tacita o explícitamente que la votación deba de efectuarse obligatoria y exclusivamente el 25 de enero”.

Según Castellanos, la segunda pretensión sería la elección de candidatos y candidatas por mayoría simple, pues al declarar el rompimiento del orden constitucional, el Congreso procedería a la votación por simple mayoría, dejando atrás que los magistrados se deben de elegir con 86 de los 128 votos.

“Ante este escenario conviene recordar a los congresistas que la norma constitucional es clara y no ofrece una posibilidad distinta a la votación por mayoría calificada, incluso el artículo 311 menciona que, aunque la elección se realice de forma directa y secreta, siempre será necesario el voto favorable de las dos terceras partes. Extremo que también contempla el artículo 314 para la sustitución de magistrados por causa de muerte o incapacidad”, recordó.

Argumentó que esta pretensión sería un claro quebrantamiento constitucional.
Exteriorizó que la tercera pretensión sería el despojo de las funciones de los actuales magistrados de la Corte, quienes culminan sus funciones el 11 de febrero; sin perjuicio de lo anterior, la norma suprema omite regular qué sucederá en el momento que los magistrados culminen sus siete años de función y no se han elegido nuevos candidatos.

En este caso, la profesional del Derecho explicó que se trata de un vacío constitucional que es complementado por lo dispuesto en el artículo 115 numeral siete de la Ley de Organización y Atribución de los Tribunales, sobre los motivos de la terminación de cargos de magistrados.

“El citado artículo menciona como causa de terminación, por concluir el período de nombramiento o elección, no obstante, esa misma disposición establece que las elecciones de los jueces y magistrados se prorrogaran hasta que tome posición su sucesor, aunque tuviera el sustituto legal, en tal sentido, esa regulación no entra en conflicto con la institución, pues no se trata de contradicción de una norma suprema y una ley secundaria, sino un vacío que es superado por una norma complementaria.

PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACIÓN
Por su parte, el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Juan Ramón Flores, reaccionó a la denuncia del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), que acusa a su institución política de pretender romper el orden constitucional, asegurando que ese extremo es falso.

El congresista afirmó que “nosotros no somos violadores de la Constitución de la República, nosotros estamos luchando por un orden constitucional, estamos luchando por la institucionalidad del país que se ha perdido por una dictadura de más de 12 años”.

Sostuvo que Libre no aceptará las pretensiones del bipartidismo y sus aliados, detallando que el Partido Nacional pretende darle una Corte a Salvador Nasralla con una abogada que está proponiendo el Partido Salvador de Honduras.
“Yo le digo a la abogada Gabriela Castellanos que no hay que buscar notoriedad, encendiendo las llamas en el país, lo que queremos es calma”, apuntó.

CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA PRIVADA
Entre tanto, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) hizo un llamado urgente a todos los partidos políticos y a los diputados para que sus estrategias de negociación no se presten a sembrar desconfianza y crear incertidumbre entre los hondureños.

“El Congreso Nacional debe elegir individualmente a cada magistrado en forma directa con el voto de las 2/3 partes de los 128 diputados, realizando el proceso de votación tantas veces sea necesaria a fin de tener a los 15 magistrados que dirigirán la justicia de Honduras, los próximos 7 años”, exteriorizó la organización empresarial.

Reiteró que la elección del máximo tribunal del país, debe realizarse de manera honesta y transparente, como demostración del compromiso con Honduras, para suscitar tranquilidad y estabilidad, lo que se traducirá en inversiones y generación de empleo, de modo que los diputados deben cumplir la Constitución y actuar con patriotismo por Honduras.