CSJ revisa demanda que obliga al Estado pagar 2 mil 600 millones de lempiras
El magistrado de la Sala de lo Civil, Milton Jiménez Puerto.

Por este caso, el Ministerio Público (MP) investiga a la juez de Letras de lo Civil, Irisabel Lucía Miranda Hernández.

TEGUCIGALPA. El magistrado de la Sala de lo Civil, Milton Jiménez Puerto, informó que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) está revisando la demanda en la que se le obliga al Estado a pagar 2 mil 600 millones de lempiras.

“Entiendo que está siendo objeto de revisión por parte de la presidencia de la Corte, en su momento tendrá que ser analizado por el pleno”, aseguró el funcionario.

Aclaró que también la Sala de lo Civil, debe analizar el caso para conocer lo que han pedido los peticionarios como la defensa que ha realizado el Estado.

Asimismo, comentó que están a la espera si la Procuraduría General de la República (PGR) tiene expedita alguna vía jurisdiccional para revertir alguna resolución que afecte los intereses del Estado.

HECHOS

Es de recordar que, el pasado 10 de febrero, el Ministerio Público (MP) presentó un antejuicio en contra de la juez de Letras de lo Civil de Francisco Morazán, Irisabel Lucía Miranda Hernández, por suponerla responsable del delito de prevaricato judicial continuado en perjuicio de la administración de justicia.

Según el MP, el caso está relacionado a una resolución arbitral internacional emitida por el Centro de Conciliación y Arbitraje del Colegio de Abogados de Honduras (CAH) celebrada el 7 de septiembre de 2009 entre la empresa DRS Inc. y el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), en la cual se condenó al Estado a pagar más de 51 millones de dólares ($51,482,556.90), equivalente a más de mil millones de lempiras.

A dicha resolución, según el ente acusador, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le denegó su reconocimiento, mediante una sentencia de fecha 7 de agosto de 2013, considerando que era contraria al orden público y había violentado los procedimientos de arbitraje establecidos en el ordenamiento jurídico interno.

Pese a ello, de acuerdo al ente acusador del Estado, en fecha 3 de diciembre de 2019, la juez “arbitrariamente reconoció y ordenó la ejecución de la resolución arbitral internacional que derivó en el embargo de las cuentas del Estado de Honduras y que hasta ahora ha dejado un perjuicio de 381 millones de lempiras en concepto de pago de demanda”.

Además, la funcionaria judicial, “bajo el argumento que el Estado de Honduras había actuado de forma dolosa al pago de la deuda, lo condenó por un monto adicional de 42 millones de lempiras por concepto de costas procesales, ya cancelados a la fecha”.

Cabe señalar que, “el reconocimiento irregular que la juez Irisabel Lucía Miranda Hernández le dio a la referida resolución que se originó del arbitraje entre la empresa DRS Inc. y el FHIS, es lo que ha dado lugar al recién embargo del que ha sido objeto el Estado de Honduras por parte de la empresa DRS Inc., esta vez, por un monto de 106 millones de dólares, equivalente a más de dos mil 600 millones de lempiras”.