Investigan millonarios contratos de proyecto “Ciudad Segura”

TEGUCIGALPA. La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) ejecutó acciones de inspección, toma de declaraciones y decomiso de información en el Sistema Nacional de Emergencia 911, con relación a los fondos que se erogaron del Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional, con especial énfasis en los pagos que se hicieron en varios contratos suscritos con la empresa Dynamics Corporation.

En total, según contratos un aproximado de 250 millones de dólares se destinaron entre los años 2015 al 2022 para la implementación integral y mantenimiento de una plataforma tecnológica del proyecto denominado “Ciudad Segura” en los municipios del Distrito Central, Choluteca, Comayagua, San Pedro Sula, Tela, Gracias y Santa Rosa de Copán.

Unos contratos los firmó el titular de la Secretaría de Seguridad y otros el titular del Sistema de Emergencia 911. La investigación busca determinar si los procedimientos y la selección de la empresa fueron los adecuados, así como si existió alguna irregularidad en términos de los pagos y el manejo de dicho sistema.

En tal sentido, el personal de Uferco y de la ATIC hará diligencias complementarias al expediente, como el «secuestro» de documentos y la extracción de data digital. Por su parte, uno de los exejecutivos del 911, quien prefirió mantener su nombre en reserva, dijo que lo que la Uferco debería de investigar el por qué el sistema no está funcionando y por qué siguen pagando sueldos y no hay labores.

“Están dañando la imagen de la empresa concesionaria, los que investigan deberían de pedir que se restablezca el servicio, que pongan orden porque antes funcionaba a la perfección y salvaba vidas”, acotó Mencionó que junto a él fueron despedidos más de 350 empleados.

“Las cifras que están ahí (comunido) creo que son falsas, su costo era de L500 millones anuales y la empresa cubría todos los gastos e inversiones. Habla de contratos de más de L250 millones, pero no se sabe si eso incluirá el actual contrato que terminaba en 2028, que no se ejecutó ni un lempira”, explicó.

Recordó que el servicio se suspendió, debido a la falta de pago de 12 meses por parte del Estado, por lo que la deuda andaría por el orden de 600 millones de lempiras. Agregó que el contrato anterior terminó en el 2022.

“Yo si pusiera una interrogante…esto parece un interés de alguien que quiere quedarse con ese contrato”.