Juan Orlando Hernández se opone a la confiscación de $15 millones

NUEVA YORK, EE.UU. La defensa del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico y delitos relacionados con armas, manifestó su oposición a la confiscación de 15 millones de dólares, equivalentes a más de 300 millones de lempiras, ordenada por el juez Kevin Castel.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, había solicitado la confiscación de 15,525,000 dólares, alegando que estos fondos representaban sobornos recibidos de narcotraficantes para financiar campañas políticas de Hernández.

El juez Castel aceptó esta solicitud momentos antes de imponer la sentencia de 45 años de prisión a Hernández, también conocido como JOH.

En una carta enviada recientemente al juez Castel, el abogado Renato Stabile, parte del equipo de defensa de Hernández, expresó la oposición de su cliente a esta decisión.

Según Stabile, «no hay pruebas suficientes de que Hernández recibió personalmente una cantidad cercana a esa suma durante esta conspiración».

Añadió que la evidencia presentada durante el juicio mostraba principalmente que «otras personas recibieron dinero de varias organizaciones de narcotráfico».

Stabile también argumentó que, en caso de existir pruebas de que Hernández recibió dinero directamente, el tribunal tendría que basarse en el «testimonio no corroborado de narcotraficantes y asesinos».

Además, la defensa enumeró varios casos en los que la Fiscalía estadounidense solicitó la confiscación de grandes sumas a otros narcotraficantes hondureños, subrayando que no se pudo probar que Hernández recibió personalmente los 15,525,000 dólares.

«La evidencia presentada por el gobierno es insuficiente para cumplir con la carga de la prueba requerida para la confiscación», señaló Stabile, y añadió que el tribunal debería negarse a ordenar la confiscación en este caso.

Sentencia

Hernández fue condenado el 26 de junio a 45 años de prisión y cinco años de libertad condicionada por conspiración para el tráfico de drogas, conspiración para el uso de armas y uso y porte de armas de fuego. La defensa  apeló la condena.

El exmandatario hondureño gobernó entre 2014 y 2022, y fue extraditado a Estados Unidos el 20 de abril de 2022. Un jurado lo declaró culpable de los cargos de narcotráfico el 8 de marzo de 2024.