Junta interventora revela irregularidades en el IP: Investigaciones en curso
REDACCIÓN. En un informe reciente presentado por la Junta Interventora del Instituto de la Propiedad (IP), se han revelado una serie de irregularidades graves en la administración de la institución.
Según Lenin Funes, miembro de la Junta Interventora, el uso de un fideicomiso alterado para el pago de empleados es uno de los hallazgos más relevantes, una situación que, según Funes, es de conocimiento público y ha generado gran preocupación.
Dentro de las irregularidades encontradas, se ha documentado la existencia de 514 consultores y 179 contratos a término, además de más de 1,000 empleados con acuerdos permanentes.
Funes destacó que muchos de estos contratos fueron firmados por técnicos, pero también se identificaron personas que, en realidad, eran activistas políticos sin justificación laboral.
«Esto es parte de lo que ha descubierto la Junta Interventora, además de las investigaciones que el Ministerio Público está llevando a cabo», comentó Funes.
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IRREGULARIDAD
Uno de los aspectos más alarmantes de la gestión interna del IP es la administración de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP), antes dirigida por Ebal Díaz.
En esta unidad, se han identificado proyectos de vivienda sobrevalorados, otros que se encuentran inconclusos, e incluso varios que han sido invadidos, lo que representa un problema de gran magnitud.
Además, se descubrió que algunas ONGs y fundaciones operaban en conjunto con constructoras bajo esquemas irregulares, lo que agrava aún más la situación.
En paralelo, el Ministerio Público está investigando otros temas críticos, como el pago de viáticos falsos a empleados, irregularidades en los traspasos de vehículos y la desaparición de parte de la flota vehicular del IP.
“Se han encontrado todo tipo de situaciones irregulares que están siendo investigadas, y las denuncias siguen avanzando”, añadió Funes.
El impacto económico de estas irregularidades es considerable. Si bien la Junta Interventora ha estado trabajando para esclarecer los hechos y corregir las anomalías, Funes reconoció que se trata de un problema complejo con múltiples aristas.
«Es inaceptable justificar la existencia de más de 500 consultores pagados con fideicomisos mientras muchos proyectos de la UCP siguen abandonados», subrayó.
Las investigaciones continúan en curso, y los informes han sido presentados a las autoridades correspondientes para que se tomen las medidas adecuadas.
La Junta Interventora ha asegurado que, en su debido momento, se proporcionarán más detalles sobre las acciones que se implementarán para corregir estas irregularidades y garantizar que el IP funcione de manera transparente y eficiente.
