La CIDH declara culpable a Honduras por destitución arbitraria de magistrados
El organismo internacional ordenó medidas de reparación, incluyendo indemnización compensatoria para las víctimas.

TEGUCIGALPA. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), determinó que el Estado de Honduras es internacionalmente responsable por la destitución arbitraria de tres magistrados y una magistrada de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El 12 de diciembre de 2012, el Congreso hondureño destituyó a cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional: José Antonio Gutiérrez Navas (Presidente), Gustavo Enrique Bustillo Palma, Rosalinda Cruz Sequeira y José Francisco Ruiz Gaekel. Esto fue considerado un golpe a la CSJ.

Las víctimas fueron nombradas como magistrados y magistrada de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras para el periodo comprendido entre el 26 de enero de 2009 y el 25 de enero de 2016.

La CIDH sentenció a Honduras a compensar el daño causado a los cuatro magistrados. En su fallo, la Corte Interamericana declaró la responsabilidad internacional del Estado de Honduras por la violación de garantías judiciales, principios de legalidad e independencia judicial, así como derechos políticos, protección judicial, estabilidad laboral e integridad personal de los magistrados y la magistrada.

El Estado admitió parcialmente su responsabilidad en este caso.

La Corte Interamericana determinó que las víctimas fueron destituidas por una autoridad sin competencia, lo que constituyó una violación de la independencia judicial.

Además, la Corte concluyó que la destitución fue una desviación de poder, ya que el Congreso Nacional utilizó su facultad para castigar a las presuntas víctimas por sus decisiones y ejercer presión sobre el Poder Judicial.

La Corte estableció que el cese de las víctimas se llevó a cabo sin un procedimiento establecido, sin fundamento legal respecto a las causales y sin otorgarles la oportunidad de defenderse.

Por lo tanto, la Corte determinó que Honduras violó garantías judiciales y el principio de legalidad, así como la garantía de estabilidad en el cargo y el derecho a la protección judicial de las víctimas.

La Corte ordenó varias medidas de reparación, incluida una indemnización compensatoria a las víctimas, un acto público de reconocimiento de responsabilidad y la adopción de medidas legislativas para ajustar el ordenamiento jurídico interno a los estándares establecidos en la sentencia.

Los jueces Eduardo Ferrer MacGregor Poisot y Rodrigo Mudrovitsch emitieron un voto concurrente conjunto; mientras que el juez Humberto Antonio Sierra Porto y la jueza Patricia Pérez Goldberg emitieron votos individuales parcialmente disidentes.

La composición de la Corte para esta Sentencia fue la siguiente: Ricardo C. Pérez Manrique, Presidente; Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Vicepresidente; Humberto Antonio Sierra Porto, Juez; Nancy Hernández López, Jueza; Verónica Gómez, Jueza; Patricia Pérez Goldberg, Jueza, y Rodrigo Mudrovitsch, Juez.

La Sentencia será enviada por medios electrónicos a las partes y a la Comisión Interamericana, y fue publicada en el sitio web del Tribunal y en sus redes sociales.