ONU evaluará la duración para la CICIH en proyecto enviado por el gobierno hondureño
TEGUCIGALPA. La Organización de Naciones Unidas (ONU), evaluará la propuesta de ley que busca establecer la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), presentada por la diputada Hortensia ‘Pichu’ Zelaya en el Congreso Nacional y respaldada por el Poder Ejecutivo.
Esta iniciativa contempla una duración inicial de cinco años para la CICIH, pero la ONU podría solicitar una extensión más allá de este período, según fuentes locales.
El pasado 17 de abril, el Ejecutivo envió la propuesta al organismo internacional con el fin de suscribir un convenio para la instalación del mecanismo en el país. Se espera que en los próximos días la ONU dé una respuesta a esta iniciativa, destacando como uno de los puntos de debate la duración de la CICIH.
En caso de llegar a un acuerdo entre el Gobierno y la ONU, dicho convenio deberá ser aprobado por el Congreso Nacional con mayoría calificada, es decir, 86 votos favorables de los 128 diputados.
La propuesta de ley especial presentada por la diputada Zelaya detalla diversos aspectos clave. Entre ellos, se establece que la CICIH tendrá personalidad jurídica como querellante autónomo, con atribuciones y facultades de acusador privado durante cinco años. Además, se especifica que el Fiscal General será el encargado de otorgar las acreditaciones de personalidad jurídica a los miembros del mecanismo que lo soliciten.
Las atribuciones de la CICIH incluyen la investigación, acusación y enjuiciamiento de redes de corrupción público-privada, así como la recepción de denuncias de personas naturales y jurídicas. Aquellas denuncias que estén fuera de su competencia serán remitidas al Ministerio Público.
El proyecto de ley también contempla la financiación de la CICIH a través de contribuciones del Estado de Honduras y de la comunidad internacional. Asimismo, se garantizan inmunidades para el personal de la Comisión, incluyendo protección contra arresto y confiscación de su equipaje, así como exención de impuestos sobre su salario y prestaciones.
La instalación de la CICIH requiere modificar el artículo 232 de la Constitución, previsto para entrar en vigor en 2025 si se aprueba este año. Este artículo trata sobre las atribuciones del Ministerio Público en la acción penal pública.
Tras la aprobación, la Comisión obtendría las atribuciones necesarias. El Gobierno y la ONU firmaron un acuerdo en diciembre de 2022, extendido hasta junio de 2024, para establecer la CICIH, que actualmente está en negociaciones sujetas a la aprobación del Congreso Nacional. Entre las reformas propuestas están la ley de colaboración eficaz y cambios al Código Penal, además de la derogación de la inmunidad parlamentaria y la amnistía política.
