Paralizado Programa de Vivienda Social: 25 mil casas se han dejado de construir
Uno de los conflictos y por el cual el proyecto está en pausa, es que el titular de Finanzas, exige la ampliación del área de construcción para las casas, y al ocurrir esto, dejaría de ser vivienda social, opinan expertos.

REDACCIÓN. El Programa de Vivienda Social impulsado por el Gobierno, ha quedado estancado por casi un año, debido a un conflicto entre las autoridades de la Secretaría de Finanzas (Sefin) y la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico). Este programa, creado a iniciativa de la presidente Xiomara Castro,  anteriormente fue exitoso por sus condiciones atractivas de cero prima, tasa de interés de un 4 % y plazos de 30 años, pero ahora se ha visto comprometido por diferencias sobre las nuevas directrices de construcción.

Gustavo Boquín, presidente de la Chico, explicó a Más Noticias Televisión (MNTV) Canal 39, que la crisis comenzó a raíz de la falta de aprobación de un presupuesto adicional necesario para continuar con el programa.

Según Boquín, el año pasado el programa de vivienda fue tan exitoso que el presupuesto asignado para todo el año se agotó en apenas seis meses, es decir, en julio de 2023.

«El programa era súper atractivo para las personas y era súper bueno para todos», comentó.

Ante esta situación, recordó que el Banco Hondureño para la Producción y Vivienda (Banhprovi), envió un borrador de decreto a Casa Presidencial, solicitando una ampliación del presupuesto, que duplicaría los fondos disponibles para el resto del año.

Sin embargo, esta solicitud coincidió con una parálisis legislativa en el Congreso Nacional, lo que impidió la aprobación del aumento presupuestario. Al retomar sesiones en enero de este 2024, el Congreso no pudo ampliar la partida de 2023, lo que retrasó la asignación de fondos para el 2024.

CAMBIO DE REGLAS
Pero, el retraso se agravó cuando el titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin). Marlon Ochoa, tomó cuatro meses en enviar la priorización de los fondos, y cuando finalmente lo hizo en abril, impuso nuevas condiciones que Boquín califica de «erróneas y perjudiciales».

Estas nuevas directrices incluyen restricciones sobre el tamaño y los acabados de las viviendas, así como condiciones financieras que los bancos no están dispuestos a aceptar.

200 MIL EMPLEOS ESTÁN EN RIESGO
Boquín explicó que estas condiciones han generado una distorsión en el mercado, impidiendo a los desarrolladores continuar con la construcción de viviendas sociales.

“Tenemos prácticamente 11 meses de estar parados todos los desarrolladores de vivienda social del país”, afirmó.

Esta paralización no solo afecta a las familias que esperan acceder a una vivienda, sino que también pone en riesgo cerca de 200 mil empleos en el sector, según Boquín.

El presidente de Chico también criticó la decisión del Ochoa de imponer un valor máximo para las viviendas que contraviene la Ley de Vivienda, la cual establece un límite basado en el Salario Mínimo.

Además, señaló que la exigencia de que las viviendas sean únicamente de ladrillo y bloque, excluye otras tecnologías y materiales culturalmente aceptados en regiones como Roatán y La Mosquitia.

Uno de los temas críticos, dijo que es la imposición de un valor máximo de un millón de lempiras para la venta de viviendas en todo el país, cuando la Ley de Vivienda establece que el valor máximo debe ser de un millón 348 mil lempiras. Detalló que este valor se calcula multiplicando 80 salarios mínimos por el Salario Mínimo máximo autorizado por el Gobierno de la República.

La orden de Ochoa, dijo que contraviene esa ley, ya que reduce el valor máximo permitido para las viviendas sociales, complicando aún más la situación para los desarrolladores.

Destacó que no es que todas las casas van a costar un millón 348 mil lempiras. Ejemplificó que una casa en Tegucigalpa podría costar ese monto, debido a los altos precios del terreno, mientras que la misma casa en Comayagua podría costar un millón cien mil lempiras, y en Villanueva, Cortés, un millón doscientos mil lempiras. En Santa Rosa de Copán, la misma casa podría costar solo 850 mil lempiras, porque los precios varían significativamente, según la ubicación. La ley, al hablar de un valor máximo, reconoce estas variaciones regionales, añadió.

Señaló que otro error cometido por Ochoa, es la imposición de condiciones financieras que complican el acceso a la vivienda. Una de estas condiciones es que las personas tienen derecho a seis meses de gracia en el pago de capital e intereses, con la capitalización de estos intereses al final del crédito. Esto significa que, al cabo de 30 años, los intereses capitalizados representan una cantidad de dinero considerablemente alta, lo cual está prohibido por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). Este error conceptual añade una carga financiera insostenible para los beneficiarios del programa de vivienda social, reflexionó.

Por otra parte, Boquín cuestionó que, a pesar de haber tenido una reunión con el funcionario y miembros de la Cámara de Construcción, en la cual se discutieron estos problemas y se sugirió ajustes, hasta la fecha no se han recibido modificaciones a las condiciones establecidas, lo que sigue generando incertidumbre y complicaciones para la implementación efectiva del Programa de Vivienda Social, en el país.

Ante esta situación, el entrevistado sugirió que se retomen las políticas del año pasado y se respete la Ley vigente.
«Si funciona, no le muevas», comentó, instando al Gobierno a ajustar las condiciones para permitir la reactivación del programa y la construcción de las viviendas necesarias.

Antes de finalizar la entrevista, Boquín comentó que, debido a la paralización del proyecto, son 25 mil viviendas las que se han dejado de construir, ya que expresó que si se ve la estadística del año pasado en los primeros seis meses construyeron cerca de 30 mil casas.

Otro experto en el sector de la construcción, también cuestionó la propuesta del titular de Finanzas, sobre la ampliación del área de construcción para las viviendas, lo que para él podría desvirtuar el propósito del Programa de Vivienda Social.

«Al ampliarse el área de construcción, dejaría de ser vivienda social», afirmó argumentando que aumentar el tamaño de las casas elevaría significativamente los costos, haciendo que estas propiedades dejen de ser accesibles para las familias de bajos ingresos a las que está dirigido el programa, aparte que se eleva la cuota de 3 mil a 8 mil lempiras. Esta medida podría excluir a muchas personas que necesitan una solución habitacional asequible, contraviniendo el objetivo principal de la iniciativa gubernamental.

Dato
“Para vivienda social piden que las casas tengan un mínimo de 65M2 de construcción, que estén repelladas, pulidas, con muro perimetral y con terreno adicional para mejoras futuras o que la estructura de la vivienda quede fortalecida para segunda, es decir ninguno calificaría, incluso las viviendas existentes quedarían fuera”, opinó otra fuente de MNTV.

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