Técnicos ambientales de ICF deben ‘pedir permiso’ para circular por “narcocarretera”

Director de Policía admitió la presencia de una carretera donde se debe solicitar permiso en La Mosquitia hondureña.

TEGUCIGALPA. El Instituto de Conservación Forestal (ICF), a través de su director Luis Solís, expresó su preocupación por la obstrucción de las labores de los técnicos de la institución en la denominada «narcocarretera».

Solís señaló que los profesionales ambientales se ven obligados a solicitar permisos para transitar por esta vía, ya que está bajo el control de grupos vinculados al crimen organizado.

Según Solís, el control ejercido por estas personas en la carretera que une los departamentos de Olancho y Gracias a Dios impide el desarrollo de las tareas de conservación.

“Los técnicos ambientales no pueden realizar su trabajo porque estas personas mantienen controlado el paso por la carretera que conecta a los departamentos de Olancho y Gracias a Dios, hay trancas, no se puede pasar”, lamentó.

El director de la Policía Nacional de Honduras, Juan Aguilar, confirmó la existencia de tramos en La Mosquitia hondureña que conforman la denominada «narcocarretera». Esta red vial, vinculada al crimen organizado, requiere la solicitud de permisos para transitar, ya que algunos tramos atraviesan propiedades privadas.

Las declaraciones surgen a raíz de la denuncia de Solís.

Aguilar precisó que la «narcocarretera» se extiende desde Dulce Nombre de Culmi hasta Gracias a Dios, y en la construcción de esta vía, considerada por líderes ambientales y comunitarios étnicos como una «narcoobra», se incluyen tramos que pertenecen la  municipalidad y otros son propiedad privada.

En las áreas de la obra que pertenecen a la propiedad privada, se debe solicitar permisos para el tránsito, afirmó el director de la Policía Nacional durante su participación en el foro televisivo «Frente a Frente», donde también estuvo presente el ministro Gustavo Sánchez.

El periodista Renato Álvarez interpeló al funcionario sobre la necesidad de permitir que los técnicos ambientales realicen su labor de protección medioambiental en la región. Ante esto, Aguilar respondió enfatizando la complejidad legal de estos temas, indicando que deben ser analizados de manera detallada.

Los consejos territoriales de la región han urgido la construcción de una carretera financiada por el Estado, desvinculada de los fondos del crimen organizado. En respuesta, se ha solicitado a las autoridades la demolición de la mencionada «narcocarretera».

Cabe destacar que en 2022, el ministro de Medio Ambiente Lucky Medina aseguró la destrucción de la «narcocarretera». Sin embargo, esta acción fue objetada por el asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales.