Tensión por la explotación de una mina a cielo abierto en la frontera entre Guatemala y El Salvador

GUATEMALA. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) dio instrucciones para que se revise la licencia ambiental del proyecto minero Cerro Blanco. Se trata de un permiso aprobado inicialmente en 2007, y que fue renovado el pasado 9 de enero, durante la última semana laboral de los funcionarios del anterior Gobierno del expresidente Alejandro Giammattei.

La medida, tomada «in extremis» antes de la toma de posesión del nuevo presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, está levantando fricciones entre Guatemala y El Salvador por las implicaciones medioambientales que conlleva.

El proyecto, explotado por la empresa canadiense Bluestone Resources, se ubica a 18 kilómetros de la frontera con El Salvador. La mina a cielo abierto afecta a la quebrada El Tempisque, que desemboca en el lago Güija, que a su vez se conecta con el río Lempa, ambos fronterizos con el territorio salvadoreño.

Se calcula que más de 4 millones de salvadoreños dependen del agua del río Lempa, que ven con preocupación como ya la quebrada de El Tempisque excede los valores recomendados de varios metales pesados.

El municipio guatemalteco de Asunción de Mita realizó una consulta a su comunidad en 2022, en la que 7,475 personas votaron en contra de la mina. Sin embargo, el Ministerio de Energía y Minas se opuso a la consulta, mientras que Elevar Resources, subsidiaria de Bluestone, presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el Reglamento de Consulta Municipal. El pasado septiembre, la Corte Constitucional falló a favor de la empresa minera.

En la parte salvadoreña también se está alzando la voz. El concejal de la Alcaldía de San Salvador, Héctor Silva, alertó de que esta actividad minera «amenaza con contaminar el agua» del país, y que esa polución «sería difícil de revertir y pone en riesgo la vida y la salud» de la población.