Extorsiones, amenazas y muertes violentas, provoca desplazamiento forzado, según Conadeh
TEGUCIGALPA. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), alertó sobre el creciente número de casos relacionados con extorsiones, amenazas, asesinatos y despojo de propiedades, lo cual ha resultado en un aumento significativo de personas desplazadas en Honduras.
Según el informe del Conadeh, a pesar de la implementación del Estado de Excepción, los resultados para contener esta violencia no han sido efectivos, perpetuando un preocupante escenario de inseguridad que sigue generando desplazamiento forzado. En 2022, la cifra registrada de personas desplazadas alcanzó los 79,200, y durante 2023, los eventos violentos han continuado incrementando esta tendencia de manera alarmante.
Elsy Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, destacó que la violencia ha impactado especialmente a mujeres, comerciantes y transportistas en barrios y colonias, causando interrupciones en servicios de transporte debido a la extorsión, una de las principales razones detrás del desplazamiento forzado.
El informe del Conadeh también revela que las quejas atendidas muestran cómo diversas modalidades delictivas, como la extorsión y los homicidios, obligan a las personas a abandonar no solo sus hogares, sino también sus empleos y medios de subsistencia, huyendo con sus familias para proteger sus vidas y bienestar físico.
Entre los agresores identificados, las «maras y pandillas» figuran como responsables en el 30.6% de las quejas, seguidos por familiares, parejas, vecinos y empleadores en el 27.8% de los casos. Sorprendentemente, en el 33.4% de las quejas, las víctimas desconocen la identidad de sus agresores, siendo amenazadas por teléfono o mediante notas escritas.
Además, el desplazamiento forzado ha afectado a más de 100 perfiles profesionales y ocupacionales, desde amas de casa hasta periodistas, quienes se han visto obligados a abandonar sus comunidades, especialmente aquellos que forman parte de instituciones de justicia y seguridad en áreas de alto riesgo.
Reyes hizo un llamado a las autoridades para brindar protección a los afectados, destacando la vulnerabilidad de las personas desplazadas que se ven obligadas a abandonar sus hogares para salvaguardar sus vidas.
El informe también detalla que el 54% de las quejas por desplazamiento forzado fueron presentadas por hombres, mientras que el 46% restante correspondió a mujeres, resaltando factores de riesgo distintos que afectan a ambos géneros.
Las edades de las víctimas oscilan mayormente entre los 31 y 59 años, seguidas por grupos de 18 a 30 años y adultos mayores.