Joe Biden firmó el decreto que condiciona los pedidos de asilo a la cantidad de cruces ilegales diarios en la frontera con México

ESTADOS UNIDOS. El presidente Joe Biden firmó este martes una orden ejecutiva que restringirá de manera drástica las solicitudes de asilo en la frontera con México, en lo que supone una de sus medidas migratorias más duras y que llega en plena campaña para las elecciones generales de noviembre.

Esa orden permitirá a las autoridades estadounidenses deportar a quienes no superen unos estrictos estándares de asilo cuando se supere la cifra de 2.500 detenciones diarias en la frontera durante un promedio de siete días, detallaron a la prensa altos funcionarios estadounidenses.

La orden entrará en vigor este mismo martes porque ya se está superando esa cifra de 2,500 detenciones, con una media de 4,200 arrestos diarios ocurridos en el mes de abril, la última cifra oficial disponible.

Los protocolos para solicitar asilo volverán a relajarse una vez que esa cifra disminuya a 1,500 en promedio durante 14 días, lo que podría ser difícil de alcanzar, ya que la última vez que el promedio de detenciones bajó a 1,500 fue en julio de 2020, en plena pandemia.

Según detallaron los funcionarios, quienes lleguen a la frontera una vez que se supere ese umbral de 2,500 estarán sujetos a “un estándar significativamente más alto” para calificar para asilo.

En concreto, en esa instancia, los migrantes deberán demostrar que existe una “posibilidad razonable” de que están en riesgo de sufrir torturas o ser perseguidos si son devueltos a su país de origen.

En cualquier caso, los funcionarios argumentaron que Estados Unidos se adherirá a las obligaciones de la convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, que prohíbe expulsar a alguien a un país donde puede ser torturado.

Sin embargo, si los migrantes no son capaces de demostrar que califican para asilo bajo este estándar más elevado, serán deportados en cuestión de “horas” o “días”, según indicaron los funcionarios.

Aquellos que sean mexicanos o nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, serán devueltos directamente a México en virtud de acuerdos previos de Washington con las autoridades mexicanas.