MP promueve antejuicio contra otro juez implicado en embargos al Estado

MP promueve antejuicio contra otro juez implicado en embargos al Estado

TEGUCIGALPA. La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), del Ministerio Público (MP), presentó un antejuicio en contra del juez de Letras de lo Civil de Francisco Morazán, Reymundo Esaú Gradiz Vilorio, por suponerlo responsable del delito de prevaricato en perjuicio de la administración de justicia.

El Ministerio Público destacó que, con anterioridad, “la jueza de lo civil, Irisabel Lucía Miranda Hernández, fue antejuiciada por el delito de prevaricato judicial continuado, y en ambos casos, los hechos están relacionados a la resolución arbitral internacional emitida por el Centro de Conciliación y Arbitraje del Colegio de Abogados de Honduras (CAH); una parte notificada el 7 de septiembre de 2009 entre la empresa DRS Inc. y el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), en la cual se condenó al Estado a pagar más de 51 millones de dólares ($51,482,556.90), equivalente a más de mil millones de lempiras”.

En otra parte, resuelta el 30 de septiembre de 2022 se ordenó el embargo a la cuenta del Banco Central de Honduras (BCH), con afectación a la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas) por más de 106 millones de dólares ($106,155.242.86), es decir, casi tres mil millones de lempiras.

“A la sentencia emanada del Centro de Conciliación y Arbitraje del CAH que originó la interposición de las dos demandas, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le denegó su reconocimiento mediante una sentencia de fecha 7 de agosto de 2013, considerando que era contraria al orden público y había violentado los procedimientos de arbitraje establecidos en el ordenamiento jurídico interno”, indicó el MP.

Explicó que, pese a ello, una primera demanda fue resuelta seis años después por la togada Irisabel Lucía Miranda Hernández, y posteriormente, una segunda parte de la demanda la ejecutó 13 años después el juez Reymundo Esaú Gradiz Vilorio, lo que en total suma un perjuicio económico al Estado de más de 157 millones de dólares, equivalente a más de tres mil 500 millones de lempiras.

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