Políticos entran en “zipizape” en medio de la «parálisis legislativa»

Políticos entran en “zipizape” en medio de la «parálisis legislativa»

TEGUCIGALPA. En vez de buscar consensos, los diputados del Congreso Nacional, han optado por seguir en el «zipizape», en medio de la “parálisis legislativa” que va para largo.

El pleito político se ha intensificado en los últimos días, ya que al no poder conseguir los votos para elegir a Jhoel Zelaya como fiscal general, el Partido Libertad y Refundación, busca a toda costa sacarle carrera al fiscal adjunto Daniel Sibrián.

De manera pública, la bancada oficialista y el diputado por el Partido Salvador de Honduras (PSH), Luis Redondo, han pedido la renuncia del titular del Ministerio Público, porque aseguran que usurpa el cargo, aun cuando está amparado bajo la Ley.

“Ratificamos como Libertad y Refundación que, el fiscal adjunto debe de dejar de usurpar el cargo de la Fiscalía y para que pueda facilitar el diálogo, porque desde esa posición, sentimos que también es un proceso que entorpece el diálogo del Congreso Nacional”, manifestó ayer Rafael Sarmiento, jefe de la bancada oficialista.

Aseguró que están listos al llamado del Pleno del Congreso Nacional y que están comprometidos en trabajar con las distintas comisiones ordinarias para poder tener los dictámenes de los diferentes problemas que aquejan al pueblo hondureño.

“Seguiremos trabajando desde las comisiones en profundizar el diálogo, para que, en las próximas horas, podamos darle el anuncio al pueblo hondureño que llegamos a un consenso por el país, que demanda justicia, y un fiscal que le responda al pueblo hondureño en su demanda de lucha contra la corrupción impunidad”, señaló.

USURPACIÓN
De su lado, el diputado nacionalista y jefe de bancada, Tomás Zambrano, argumentó que no pueden amenazar al fiscal adjunto y no lo pueden obligar a renunciar al cargo, porque la misma Ley lo ampara.

“Hay que recordarles que el único que puede declarar inconstitucional una Ley se llama Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), si están desesperados, los invito a tomar un té de valeriana para los nervios”, comentó con gran sarcasmo.

De su lado, el abogado constitucionalista, Fernando Anduray, dijo que el parlamentario (Redondo) está atentando contra el fiscal general en funciones, que fue electo por más de 86 votos en el Congreso Nacional.

“El único ilegal que no llegó ni a 45 ni a 50 votos de su propio partido en su elección fue Luis Redondo, y la inactividad de la Fiscalía, en la persecución de los delincuentes que atentan contra la inconstitucionalidad del Estado, está provocando que los ilegales socialistas estén acelerando sus amenazas en una forma ilegal contra el Estado de Derecho”, acotó Anduray.

REQUERIMIENTO FISCAL
Planteó que la conferencia de prensa que hizo el parlamentario es suficiente argumento y prueba para que el fiscal general proceda a organizar un requerimiento fiscal por el delito de “traición a la patria y sedición”, que debe ser presentado ante los tribunales de justicia, para que se haga cesar las usurpaciones de la directiva del Congreso Nacional que son de dominio público.

Entre tanto, el diputado por el Partido Liberal de Honduras (PLH), Marlon Lara, reprochó que en su momento el congresista Luis Redondo va a tener que pagar por estar de manera ilegal en el Congreso Nacional.

“El abogado Sibrián era en la administración pasada fiscal adjunto, la Ley Orgánica del Congreso dice en su artículo 80 que todos los funcionarios que son electos por el Congreso Nacional, sino se ha electo las nuevas autoridades, deben permanecer en el mismo”, reiteró Lara.

Afirmó que eso ocurrió con la Corte Suprema anterior y la que tomó posesión anteriormente, hasta que fueron elegidos los nuevos magistrados en el Congreso Nacional, se mantuvieron los funcionarios en su cargo.

“Luis Redondo no es ninguna autoridad, ni moral, ni ética, ni tiene la envestidura del presidente del Congreso; es el presidente de la junta directiva ilegal, porque hay suficiente pruebas y argumentos”, mencionó.

Subrayó que el principal argumento, es que la oposición tenía 79 votos para elegir a Jorge Cálix, que es el verdadero presidente del Congreso Nacional.

BANCADA LIBERAL

La bancada del Partido Liberal exigió a la junta directiva del Congreso Nacional retornar a sesiones para la elección del fiscal general y adjunto del Ministerio Público.

Asimismo, pidió la discusión y aprobación de la reforma al Código de Trabajo que regula el Empleo de Tiempo Parcial. “Podríamos encontrarnos nuevamente a las puertas de obstaculizar la creación de al menos 10 mil puestos de trabajo más durante la Semana Morazánica”.

REDUCCIÓN IMPUESTO

De igual manera, pidió la aprobación de la reducción del Impuesto Sobre Ventas del 15% al 12%, presentado por el diputado liberal Cristhiam Saavedra desde el 9 de febrero de 2022.

También solicitó la discusión y aprobación de la segunda vuelta electoral presentada por el parlamentario liberal Yury Sabas, que constituye un mecanismo que brinda mayor legitimidad.

La bancada recordó que no discutirse esos proyectos en esta legislatura, la misma ya no podría ser aplicada en el próximo proceso electoral de 2025.

“Demandamos a las fuerzas políticas del país, en especial al partido que hoy nos gobierna y a la junta directiva del Congreso Nacional, que atiendan el llamado del PLH y del pueblo hondureño a regresar a más tardar en el término perentorio del mes de octubre a sesión en el Congreso Nacional, para cumplir con la agenda antes detallada, dejando atrás los pleitos estériles que no solucionan los problemas básicos de los hondureños”, externó la institución política.

Agregó que, en caso de no convocar a sesiones, la bancada tendrá la obligación de buscar consensos con las demás fuerzas políticas para convocar extraordinariamente a sesiones, según lo establece el artículo 190 y 191 de la Constitución de la República.

Libre con 52 votos mantiene la nómina de Jhoel Zelaya como fiscal general y los partidos de oposición con 74 diputaos no cambian a Marcio Cabañas como fiscal general y a Jenny Almendares como fiscal adjunto.