Promesa de una vivienda digna de la presidente Xiomara Castro es “derribada” por Marlon Ochoa con Reglamento “inquisidor”

REDACCIÓN. Viviendas dignas, donde miles de familias encuentren la seguridad de un hogar, están siendo negadas a los hondureños, por el titular de la Secretaría de Finanzas, Marlon Ochoa, al aprobar hace unas semanas un “grosero” Reglamento para Priorización de Fondos de Inversión-Banco Central de Honduras (BCH) y Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi), el cual dejaría sin efecto el prometido Programa de Vivienda Social de la presidente Xiomara Castro, según desarrolladores de proyectos habitacionales.

Y es que el Reglamento tal cual está planteado, no solo afectaría un futuro proyecto, sino también los proyectos habitacionales que ya están en proceso de desarrollo y que mantiene en “stand-by”, el acceso a los fondos y modificaciones a los inmuebles.

En ese sentido, los desarrolladores de vivienda social, consideraron que es imposible que, con ese Reglamento, los miles de casas, que ya están construidas tengan acceso a los fondos, pues de acuerdo a titular de la Sefin, Ochoa, todas las viviendas de carácter social deben tener 65 metros cuadrados, lo que implicaría automáticamente para la población un incremento en el costo y con ello se “derrumbará” el anhelo de una vivienda digna.

“Las casas que ya están construidas con 62 metros cuadrados, ¿qué va pasar con ellas?, si no tienen acceso a los fondos de Banhprovi, como ordenó la presidente Xiomara Castro. Estas casas que no tienen los metros tipificados en el Reglamento, son miles de viviendas”, dijo uno de los desarrolladores, tras agregar que “la vivienda social es para aquella gente que tenga ingresos de uno o dos salarios mínimos, y en este caso, con el Reglamento no tendrían acceso, lejos de ello, beneficiaría a aquellos hondureños que ganan más de dos salarios mínimos”.

“Él (Ochoa) está beneficiando con estos cambios en el Reglamento, a la clase media, y no a la vivienda social, que está al alcance especialmente para aquella gente pobre, pues todo mundo tiene derecho a una vivienda digna, y ahora con estas acciones, le está cortando de raíz los recursos a la gente pobre que anhela una casa, cuando la presidente Xiomara, dio la orden clara de promover la vivienda social, pues esta es una de las promesas de ella. Le está afectando la credibilidad a la mandataria”.

Pese a que los desarrolladores de vivienda social han sostenido múltiples reuniones con Ochoa, “promete, y promete y nada, y lo que sucede, eso que está incumpliendo lo prometido por la presidente, así como violentar el derecho que tiene la gente pobre al acceso de una vivienda social digna”.

Recordaron, además, que Ochoa en el Reglamento, puso tres condiciones que es imposible que se cumplan, el primero es que la vivienda tenga como mínimo de 65 metros cuadrados, que tenga la cimentación lista para una segunda planta y tres, tener terreno adicional para hacer una ampliación, lo que de inicio no lo tienen los actuales proyectos de viviendas social, pues estos se desarrollaron con las especificaciones que otorgó la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (CONVIVIENDA). Ochoa, a través de Finanzas le está poniendo trabas a la gente pobre, que busca tener su casa propia”.

Con este Reglamento ya alcanza un año la paralización de la vivienda social para miles de hondureños que ven desvanecidos su sueño de una vivienda digna.
“De qué sirve que ya estén en las arcas del Banhprovi, los 8 mil millones de lempiras de fondo de inversión de esa institución financiera del estado, la realidad es que los desarrolladores de proyectos de vivienda social y organizaciones, aun no pueden acceder a este dinero, ante un Reglamento “inquisidor”, que se los imposibilita”.

Lo anterior es compartido por el presidente de la Asociación de Urbanizadores y Promotores de Vivienda de Honduras (Asuprovih), Ariel Santos, quien pormenorizó que el problema comenzó desde el año pasado (2023), cuando los fondos de viviendas que antes eran asignados del Banco Central de Honduras (BCH) directos a Banhprovi., ahora son fondos aprobados dentro del Presupuesto General de la República, lo que vuelve el proceso más engorroso.

Santos, dijo que “esto implica que si se aprueban ocho mil millones de lempiras para vivienda, solo hay ocho mil millones, no hay más, y tenemos que esperar para que se apruebe más el siguiente año, y también significa que están dentro de la misma bolsa que maneja el ministerio de Finanzas, que ahora los prioriza, pero les pone condiciones, lo cual viene a generar un problema, porque Sefin maneja de forma general los fondos, y no tiene el detalle cómo funciona toda la parte de vivienda, y justo ahí viene el conflicto, porque empiezan a pedir requerimientos, que no hacen factible la vivienda social para la mayor parte de las personas”.

El directivo recordó que hace tres semanas se reunieron con el titular de Finanzas, Marlon Ochoa, quien les consultó qué no les parecía del Reglamento, a lo que los desarrolladores de viviendas, expusieron los puntos a evaluar como, por ejemplo, los 65 metros cuadrados, además del requerimiento como que las casas estuvieran diseñadas y construidas para crecer hacia un segundo nivel, o ampliarse lateralmente, así como cero prima o período de gracias -los bancos tienen dificultades- para aceptar ese tipo de conceptos. “Esto significa que los intereses se capitalizan y eso está en contra de las regulaciones de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS)”.

Exteriorizó además que el Reglamento desarrollado y aplicado por Finanzas nunca fue socializado con los sectores involucrados en el tema de vivienda social.
En ese sentido, ellos (desarrolladores) al ver las inconsistencias sugirieron se continuará con el esquema con el que venían trabajando, y se conformaran mesas de trabajo para los fondos del año 2025.

“Ya estanos llegando al primer trimestre del año y no avanzamos, son 12 meses sin poder tener casa, 12 meses en los que las personas quieren tener sus casas y no lo logran”.

Santos, confesó que luego de la reunión con el titular de Sefin, tenían la esperanza de que la crisis en el tema de la vivienda social pasara, sin embargo, aseguró que siguen esperando.
“La respuesta fue peor, pues nos dijeron que el Programa estaba parado porque los desarrolladores no queríamos construir 65 metros, lo cual no es así, deben tener claro que el modelo a utilizar tiene que funcionar para todos, para los desarrolladores, los bancos y para la misma ciudadanía, que aun sueña con una vivienda. Y con este Reglamento no funciona. Inevitablemente quedarán excluidas de proyectos de vivienda social Tegucigalpa y San Pedro Sula”.

EXIGENCIAS
Los promotores de vivienda indican que, con estas exigencias constructivas, se obliga al promotor o desarrollador a colocar su oferta de soluciones habitacionales en el tope máximo permitido, teniendo como consecuencia la exclusión de las familias con ingresos de 1 o 1½ salarios mínimos. Los perjudicados son los compradores, que no tendrán acceso al crédito para adquirir vivienda. El efecto práctico de exigir un incremento en el área mínima de una vivienda de 40 a 65 metros cuadrados, con los acabados exigidos, es un incremento en el valor de la cuota entre un 40 al 50%.

Bajo esos parámetros el directivo insistió que “con este Reglamento está parada la construcción de vivienda social, y si no lo rectifican no a va a haber nadie que construya. Esperamos que le Gobierno en algún momento analice más y pueda venir y destrabar esta crisis”.

ALTERNATIVAS
Como desarrolladores, Santos dijo que buscan alternativas, pue son fondos que proporciona el Gobierno son fondos preferenciales, no para los desarrolladores, sino para la gente.
“Ya una casa de 65 metros cuadrados, ya no costaría un millón, pues esta tendría un costo de 1.2 millones como mínimo, a pagarse a 30 años”.

La vivienda social es un tema especializado, donde se tiene que analizar muchas cosas, “y no decir cosas solo por decirlas, yo quiero que sea de 65, cero prima, si todo el mundo quiere que las cosas sean fáciles, pero que sean de acuerdo a la realidad de la población hondureña”.

En un comunicado emitido por Asuprovih destacan que luego de esta larga espera, los diferentes actores del sistema de vivienda fueron sorprendidos con las normas que impone la Secretaría de Finanzas en la priorización de los recursos que se trasladarán al Fondo de Inversiones del Banco Central de Honduras al Banhprovi para redescontar créditos habitacionales.

Santos finalmente indicó que el tema de vivienda en Honduras es un tema complejo, pues “deben ser viviendas accesibles para personas que tengan cierto nivel económico, pero que a la vez sean sujetos a crédito, pues no hay vivienda social regalada, ya que el modelo para poder proporcionar la vivienda a personas de bajos recursos, implica que deben que tener trabajo para ser bancables, que tengan ingresos, trabajen en empresa o tengan su propio negocio. Para estas personas es que hay viviendas, de ahí para abajo no hay vivienda social”.