Rocío Tábora se presenta ante la justicia y queda presa

TEGUCIGALPA. Cuando el reloj marcaba la 1:04 de la tarde de ayer, la exsecretaria de Finanzas, Rocío Isabel Tábora salió bajo un fuerte resguardo del Centro Integrado de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) en el barrio Los Dolores, de esta capital, con rumbo al Juzgado Penal en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, a la audiencia de declaración de imputado, donde le dictaron detención judicial, por el caso de la compra fraudulenta de siete hospitales móviles.

La exfuncionaria quien horas antes de su audiencia tuvo tiempo hasta de saludar a la prensa capitalina desde el interior del vehículo que la transportó hasta los juzgados, enfrentará su audiencia inicial el próximo 20 de noviembre a las 9:00 a.m.

En ese sentido, fue remitida a la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), de Támara, Distrito Central, donde cumplirá con la medida cautelar limitativa de la libertad que le fue impuesta, mientras se lleva a cabo la audiencia inicial.

Ella fue puesta a la orden del Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción en cumplimiento a una orden de captura que se desprende del proceso instruido en su contra por suponerla responsable de los delitos de fraude a título de cooperador necesario y violación a los deberes de los funcionarios.

¿CAPTURA O ENTREGA VOLUNTARIA?
Desde horas de la madrugada, el caso de Tábora trascendió en medio de una confusa detención o una entrega voluntaria a las 4:00 en el Core 7, de esta ciudad.

Y, es que las autoridades de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) e incluso el mismo Ministerio Público (MP), aseguraban que la exfuncionaria había sido arrestada en la Aduana de Guasaule, zona sur, frontera con Nicaragua, siguiendo una orden emitida en contra de esta.

Sin embargo, horas más tarde, la abogada Doris Imelda Madrid Zerón, misma apoderada legal, desmintió que su defendida haya sido detenida en Guasaule, Choluteca, asegurando que la exfuncionaria se presentó voluntariamente a las 4:00 a.m. en la Jefatura Número 1, en el barrio Los Dolores, de esta capital.
Además, dijo contar las actas que la respaldan sobre la entrega voluntaria, mismas que salieron publicadas en redes sociales.

Ante la prensión de la opinión pública de conocer la realidad del arresto o la presentación voluntaria de Tábora, salió a la luz un vídeo de una cámara de seguridad privada, ubicada a un lado del Core 7, donde se observa cómo un vehículo doble cabina color blanco se estaciona frente a esas instalaciones, de donde se bajan primero dos hombres para luego bajarse del asiento posterior con toda naturalidad la exfuncionaria.

En el vídeo también se observa cómo al salir Tábora del carro, una mujer y un hombre llegan y la abrazan, para luego el hombre tomarla de la mano para acompañarla junto a la otra femenina al interior del inmueble de la PMOP. Al final Tábora fue acompañada por ocho personas, la mayor parte según el vídeo era civiles.

Y, aunque hubo un revuelo por el hecho del modo en que la extitular de Finanzas fue expuesta al público, el portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carlos Silva, dijo al equipo de Más Noticias Televisión (MNTV) Canal 39 en esta capital, que “la información oficial que yo le puedo proporcionar, es que ella (Rocío Tábora) se presentó ante los organismos de Seguridad del Estado”.

MÁS INVOLUCRADOS
Más temprano, ayer, se desarrolló la audiencia inicial en la que le dieron auto de formal procesamiento al excontador general de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), Carlos Luis Guevara Mondragón, por fraude a título de cooperador necesario; al exasesor legal y exadministrador de contratos de Invest-H, Héctor Antonio Herrera Flores, por fraude a título de cooperador necesario y al representante legal de la empresa AG-Industria, Daniel Antonio Ardón, por fraude a título de cooperador necesario.

Son coimputados, aún prófugos de la justicia, la extitular de la Secretaría de Salud, Alba Consuelo Flores Ferrufino, por falsificación de documentos públicos, fraude a título de cooperador necesario y violación a los deberes de los funcionarios; la exsubsecretaria de Finanzas, Roxana Melania Rodríguez Alvarado, por fraude a título de cooperador necesario y violación a los deberes de los funcionarios y la exempleada de Invest-H en el área de contrataciones y adquisiciones, Bessy Roxana Rodríguez Mendoza, por fraude a título de cooperador necesario y violación a los deberes de los funcionarios.

ANTECEDENTES
Como se recordará, el Estado de Honduras, compró siete unidades hospitalarias construidas en Turquía, pero de acuerdo a los dictámenes periciales rendidos por expertos e inspecciones realizadas, no se reunían las condiciones requeridas para el aislamiento y tratamiento de personas afectadas por el virus de la COVID 19, con enorme daño para la salud del pueblo hondureño y el patrimonio público que se ha visto afectado por el orden de cuarenta y siete millones, quinientos doce mil, quinientos sesenta y cuatro dólares americanos ($ 47,512,564.00) equivalente en lempiras a un monto aproximado de mil ciento setenta y cuatro millones quinientos diecisiete mil setecientos sesenta y cuatro lempiras, con treinta y tres centavos (l. 1,174,517,764.33).

Por este mismo caso, el Ministerio Público, logró en mayo de 2022 sentencias condenatorias contra el exdirector de la estatal Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), Marco Bográn, quien fue condenado a 10 años y 11 meses de cárcel por fraude agravado en la compra de siete hospitales móviles.
Bográn fue penado por el Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción, que además resolvió que el acusado deberá pagar una sanción de 1,475 millones de lempiras (47,5 millones de dólares), más una inhabilitación para no ejercer en la Administración Pública por el doble de la condena recibida.
El mismo Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción, resolvió inhabilitar por nueve años, cuatro meses y quince días para que no pueda optar u ostentar empleo o cargo público, al exgerente administrativo de Invest-H, Alex Moraes, acusado de cometer a título de autor el delito continuado de violación de los deberes de los funcionarios.
Otro logro importante que obtuvo el Ministerio Público, en el “Caso Hospitales Móviles”, es la sentencia de privación definitiva de dominio de más de 100 millones de lempiras (4.2 millones de dólares), asegurados a petición de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) y la UNAF por Estados Unidos a Axel Gamaliel López Guzmán, acusado por el caso de la compra fraudulenta, ya que fue él quien vendió los siete hospitales móviles.

Además: A las 7:19 de la noche de ayer llegó fuertemente resguardada a la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), la exfuncionaria de finanzas, donde esperará su audiencia inicial establecida para el próximo lunes.