Sector privado responsabiliza a Gobierno por invasión de tierras

Sector privado responsabiliza a Gobierno por invasión de tierras

TEGUCIGALPA. La situación de la invasión de tierras sigue siendo un tema vigente, pues los reclamos de los propietarios no han tenido eco entre los entes encargados de solventar o mediar para evitar este tipo de actos, que, a criterio del sector privado, se ha agravado en el actual Gobierno, al que responsabiliza de no dar soluciones concretas.

Gustavo Solórzano, asesor legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), advirtió que, aunque el Gobierno ha anunciado algunas acciones para solventar la problemática de la invasión de tierras, estas están lejos de resolver la crisis, lo que pone en riesgo la seguridad jurídica en el país.

Recordó que, hasta el momento, unas 12 mil hectáreas de tierra permanecen invadidas en diferentes departamentos del país, ocasionando que no se generen cerca de 50 mil empleos y deteniendo una inversión de 2,400 millones de dólares por la inseguridad territorial.

De esas 12 mil hectáreas, en Colón hay unas 7 mil, mientras que en Choluteca unas 3,800 y en Yoro 1,500; todas las invasiones bajo el argumento que el Gobierno está avalando a los invasores, cuestionó Solórzano.

«Cuando mencionas que el Poder Ejecutivo no hace nada es porque tiene la responsabilidad y eso permite que grupos organizados para este tipo de usurpaciones vengan afectando otros territorios», lamentó el asesor del Cohep.

De forma enérgica, dijo que así como el Gobierno señala a empresarios de actuar a la ligera, «así hay que decirles a estos grupos que les va a caer todo el peso de la ley, si continúan ejerciendo esas acciones».

Aseguró entender a los operadores de justicia que les toca hacer valer las ordenes de ejecuciones de desalojo, «entendemos lo difícil del tema, lo difícil para la Secretaría de Seguridad, entenderse con el Ministerio Público (MP), es un tema de crimen organizado. Desde el momento que, a un fiscal, que a las autoridades, les da miedo ingresar a esos lugares es porque estamos tratando con delincuentes, no con campesinos, lo hemos venido repitiendo».

Lamentó que el Instituto Nacional Agrario (INA) y el Instituto de la Propiedad (IP) no dan respuestas de los registros de esas tierras; situación que se ha agravado en los últimos meses.

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