Sefin es responsable de la parálisis del Programa de Vivienda Social, opinan expertos

REDACCIÓN. La Secretaría de Finanzas (Sefin), al mando de Marlon Ochoa, es señalada como la responsable de la paralización del Programa de Vivienda Social en Honduras, debido a la emisión de un reglamento restrictivo que ha impedido a los desarrolladores acceder a los fondos necesarios.
Desde hace casi un año, el sueño de miles de hondureños de tener de una casa digna ha estado en pausa, aun cuando los fondos de 8 mil millones de lempiras están disponibles en el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi), porque las condiciones impuestas por el titular de la Sefin, Marlon Ochoa, hacen imposible obtenerlos.
Inicialmente, el presidente de Banhprovi, Edwin Araque, y su gerente general, Irving Zavala Bueso, presentaron un Reglamento al Banco Central de Honduras (BCH) y a Sefin con recomendaciones para facilitar el acceso a estos fondos; sin embargo, la Sefin emitió un Reglamento con inconsistencias, como exigir un mínimo de 65 metros cuadrados para las viviendas sociales, en lugar de los 44 metros cuadrados vigentes.
Ariel Santos, presidente de la Asociación de Urbanizadores y Promotores de Vivienda de Honduras (Asuprovih), señaló que los fondos para vivienda ahora son parte del Presupuesto General de la República, administrado por la Sefin, lo que ha generado problemas, al establecer requisitos que no se ajustan a la realidad del sector de vivienda.
REUNIÓN CON FINANZAS SIN RESULTADOS
Hace tres semanas, los desarrolladores se reunieron con el titular de Finanzas, Marlon Ochoa, para discutir el Reglamento. Los desarrolladores expusieron puntos críticos como el tamaño de las viviendas y otros requerimientos que dificultan la viabilidad de los proyectos.
Santos lamentó que, a pesar de esta reunión, la crisis no se ha resuelto y las viviendas sociales en Tegucigalpa y San Pedro Sula están en riesgo de quedar excluidas de los proyectos.
INCREMENTO EN COSTOS EXCLUYE A FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS
Los promotores de vivienda explicaron que las nuevas exigencias aumentan el costo de las viviendas, excluyendo a familias con ingresos bajos.
El incremento en el área mínima de una vivienda de 40 a 65 metros cuadrados eleva la cuota mensual entre un 40 y 50 %.
«Con este reglamento, la construcción de vivienda social está parada. Esperamos que el Gobierno analice y destrabe esta crisis», insistió Santos.
ALTERNATIVAS Y SOLUCIONES PROPUESTAS
Santos, también mencionó que los desarrolladores buscan alternativas para utilizar los fondos gubernamentales de manera efectiva.
Indicó que una casa de 65 metros cuadrados costaría al menos 1.2 millones de lempiras, encareciendo el acceso para las familias de bajos ingresos.
En un comunicado, la Asuprovih resaltó que el reglamento de Finanzas fue impuesto sin consultar a los sectores involucrados en la vivienda social.
En ese sentido, sugiere continuar con el esquema anterior y formar mesas de trabajo para los fondos de 2025.
URGE RESOLVER CRISIS
Alberto Benítez, presidente de la Red de Organizaciones de Vivienda Solidaria en Honduras, que agrupa a 10 organizaciones, expresó que los fondos para vivienda social están disponibles, pero persisten ciertos criterios restrictivos.
Benítez destacó la falta de un organismo rector del sector vivienda como una de las principales dificultades.
Coincidió con Santos en el hecho de que el Reglamento de Finanzas no refleja la realidad del país.
«Las viviendas sociales en Honduras han sido de 36 y 48 metros cuadrados. Imponer un mínimo de 65 metros cuadrados excluye a muchas viviendas de los fondos disponibles», afirmó Benítez.
Señaló que, si los requisitos no se ajustan, el financiamiento de vivienda social seguirá paralizado, afectando a 1.45 millones de hondureños sin vivienda adecuada.
Insistió en que la modificación del Reglamento es vital no solo para las familias, sino también para la economía y el empleo.
«La vivienda social es el motor para generar empleo y mover la economía de la nación», recordó Benítez.
Entre tanto, Marta Guillén, directora de Hábitat para la Humanidad Honduras, cuestionó la competencia de la Sefin en la regulación del Programa de Vivienda Social, sugiriendo que esta tarea debería recaer en el Programa de Vivienda y Asentamientos Humanos (Convivienda).
Guillén resaltó la necesidad de una Secretaría de Vivienda para establecer Reglamentos claros y consistentes, evitando las contradicciones actuales.
Antes, Gustavo Boquín, presidente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), también cuestionó la decisión del titular de la Sefin, quien inicialmente tomó cuatro meses en enviar la priorización de los fondos, y cuando finalmente lo hizo en abril, impuso esas nuevas condiciones que el dirigente califica de «erróneas y perjudiciales».
Boquín explicó que estas condiciones han generado una distorsión en el mercado, impidiendo a los desarrolladores continuar con la construcción de viviendas sociales.
“Tenemos prácticamente 11 meses de estar parados todos los desarrolladores de vivienda social del país”, recordó.
Esta paralización no solo afecta a las familias que esperan acceder a una vivienda, sino que también pone en riesgo cerca de 200 mil empleos en el sector, según Boquín.
El presidente de Chico también criticó la decisión de Ochoa, en el sentido de imponer un valor máximo para las viviendas que contraviene la Ley de Vivienda, la cual establece un límite basado en el Salario Mínimo.
Además, señaló que la exigencia de que las viviendas sean únicamente de ladrillo y bloque, excluye otras tecnologías y materiales culturalmente aceptados en regiones como Roatán y La Mosquitia.
Uno de los temas críticos, dijo, es la imposición de un valor máximo de un millón de lempiras para la venta de viviendas en todo el país, cuando la Ley de Vivienda establece que el valor máximo debe ser de un millón 348 mil lempiras. Detalló que este valor se calcula multiplicando 80 salarios mínimos por el Salario Mínimo máximo autorizado por el Gobierno de la República.
La orden de Ochoa, indicó, que contraviene esa ley, ya que reduce el valor máximo permitido para las viviendas sociales, complicando aún más la situación para los desarrolladores.
Destacó que no es que todas las casas van a costar un millón 348 mil lempiras. Ejemplificó que una casa en Tegucigalpa podría costar ese monto, debido a los altos precios del terreno, mientras que la misma casa en Comayagua podría costar un millón cien mil lempiras, y en Villanueva, Cortés, un millón doscientos mil lempiras. En Santa Rosa de Copán, la misma casa podría costar solo 850 mil lempiras, porque los precios varían significativamente, según la ubicación. La Ley, al hablar de un valor máximo, reconoce estas variaciones regionales, añadió.
Ante esta situación, el entrevistado sugirió que se retomen las políticas del año pasado y se respete la Ley vigente.
«Si funciona, no le muevas», comentó, instando al Gobierno a ajustar las condiciones para permitir la reactivación del Programa y la construcción de las viviendas necesarias.
Antes de finalizar la entrevista, Boquín comentó que, debido a la paralización del proyecto, son 25 mil viviendas las que se han dejado de construir, ya que expresó que si se ve la estadística del año pasado en los primeros seis meses construyeron cerca de 30 mil casas.
Otro experto en el sector de la construcción, también cuestionó la propuesta del titular de Finanzas, sobre la ampliación del área de construcción para las viviendas, lo que para él podría desvirtuar el propósito del Programa de Vivienda Social.
«Al ampliarse el área de construcción, dejaría de ser vivienda social», afirmó argumentando que aumentar el tamaño de las casas elevaría significativamente los costos, haciendo que estas propiedades dejen de ser asequibles para las familias de bajos ingresos a las que está dirigido el Programa, aparte que se eleva la cuota de 3 mil a 8 mil lempiras. Esta medida podría excluir a muchas personas que necesitan una solución habitacional asequible, contraviniendo el objetivo principal de la iniciativa gubernamental, reiteró Boquín.